El clima de conmoción social por el caso Gabriel azuzó ayer en el Congreso el debate más amargo de la legislatura y que puede convertirse en el preámbulo de una agitación conservadora espoleada desde las instituciones hacia la calle. El PP y Ciudadanos no consiguieron aprobar sus enmiendas para endurecer la prisión permanente revisable, propuestas que la Cámara Baja rechazó con el voto en contra del resto de grupos y la abstención de Coalición Canaria.

El pleno fue tan estéril en lo parlamentario como cargado de veneno. Las fuerzas conservadoras rivalizaron por situarse del lado de las víctimas, hicieron bandera de su dolor, las invitaron a la tribuna, y, sobre todo, pusieron sobre los hombros del PSOE el peso de querer derogar la ley cuando el país entero sigue instalado en el desgarro por el caso Gabriel.

Los socialistas, que ya sufrieron la erosión cuando el PP empleó la misma estrategia de señalamiento y les acusó de traicionar a las víctimas de ETA, sabían lo que les venía encima. Aún así, no lograron ser pedagógicos para explicar por qué defienden que la ley se derogue y, en cambio, hirieron a las familias de unas víctimas que se alinean con el argumentario del ala conservadora y que este fin de semana saldrán a la calle a manifestarse.

TEMA ESPINOSO, POSIBLE BLOQUEO / El rechazo del Congreso a las propuestas de PP y Cs para endurecer la prisión permanente revisable comporta, en lo inmediato, que el trámite para derogar la ley sigue adelante. Sin embargo, la lógica partidista tiene visos de volver a bloquear la iniciativa del PNV que se admitió a trámite el pasado octubre. Ni PP ni Cs ni el PSOE están interesados en acelerar la derogación de una ley tan controvertida sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado y con la sacudida emocional que el tema tiene sobre la opinión pública.

Ni el presidente de Cs, Albert Rivera, ni la portavoz del PSOE, Margarita Robles, quisieron adelantar si prorrogarán indefinidamente el nuevo plazo de enmiendas que ahora se abre. Ambos adujeron que el debate debe ser sereno y que los términos son extremadamente complejos. Los nacionalistas vascos, impulsores de la iniciativa, temen que su propuesta vuelva a quedar en un cajón.

Si PP y Cs siguen agitando el debate en su precampaña por el voto de centro derecha o lo abandonan está por ver. En lo inmediato, cosecharon una victoria: movilizar a las víctimas y a sus electorados con un discurso duro que la oposición criticó por ser «populismo punitivo».

Bajo la atenta mirada de los familiares, Juan Carlos Girauta, defendió que se endurezca el acceso al tercer grado penitenciario tras relatar detalles escabrosos de violaciones y asesinatos. Lejos quedaba el discurso de hace seis meses en el que los de Rivera consideraron «inhumana» la ley. Unidos Podemos les acusó de hacer «demagogia populista de extrema derecha» e insistió en que «cualquier pena excesiva es tiránica».

MAYORÍA SOCIAL / El PP, que también abundó en concreciones espeluznantes, aseguró que la mayoría de la sociedad comparte su posición. En contra de lo que señalan los juristas, José Antonio Bermúdez de Castro, afirmó que un endurecimiento de la ley permitiría más protección y conminó a los socialistas a mirar a los familiares de las víctimas.

El portavoz del PSOE las miró. Les dijo que respetaba su dolor, pero que la ley no podía asumir «venganza de los particulares» y que «ni las víctimas, ni su dolor, pueden ser utilizadas». Sus palabras enervaron a las familias. Aunque Robles salió a criticar «el cálculo electoral» de PP y Cs para «forzar» el debate en un momento de «sufrimiento y dolor», los padres de los asesinados se indignaron. Salieron del pleno, convencidos por el discurso de Cs y camino del despacho en el Congreso de Mariano Rajoy -que se saltó el debate y solo llegó al final para la votación«. La guerra por el centroderecha sigue abierta.