Las imágenes de la represión policial y las acusaciones del uso desproporcionado de la fuerza durante la jornada del 1-O han llegado a la mesa del comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muznieks. Responsable de velar porque se respetan los estándares en materia de derechos humanos este lunes ha hecho pública una misiva en la que pide al Gobierno español una investigación "independiente" y "efectiva" sobre lo ocurrido el domingo 1 de octubre.
"Entiendo plenamente las dificultades que tienen los oficiales de policía para hacer su trabajo en la tensa situación que existe en Catalunya" pero "quiero subrayar que es de extrema importancia asegurar que los oficiales que deben hacer cumplir la ley reciben instrucciones claras sobre la necesidad de actuar con restricción y en un uso proporcionado de la fuerza, incluidas las armas antidisturbios", advierte Mulznieks en la carta de dos páginas remitida el pasado 4 de octubre a ministro Juan Ignacio Zoido.
Mulznieks, que dice haber seguido atentamente todos los acontecimientos de los últimos días en Catalunya, ha recibido informes y quejas sobre la utilización "desproporcionada de la fuerza contra manifestantes pacíficos y personas que estaban ejerciendo una resistencia pasiva" en calles, en las cercanías de los colegios electorales designados por la Generalitat e incluso dentro de los mismos.
También sobre el uso de pelotas de goma por parte de las autoridades españolas que ha sido denunciado por Amnistía Internacional y otras organizaciones. "En mi informe de 2013 subrayé que uso de este tipo de armas supone un claro peligro para la seguridad de los manifestantes como han puesto de manifiesto acontecimientos fatales del pasado", recuerda.
En este sentido, urge a Zoido a poner en marcha, en cooperación con otras autoridades responsables de garantizar el cumplimiento de la ley, "una investigación rápida, independiente y efectiva" sobre las alegaciones entorno al uso desproporcionado de la fuerza durante el 1-O en Catalunya. Es de vital importancia, dice el comisionado de derechos humanos, tanto para disuadir de cualquier nueva mala conducta de la policía como para prevenir una escalada de las tensiones y la violencia. Es más, subraya Mulznieks, garantizar que "cualquier conducta inadecuada rinde cuentas es esencial" para preservar la confianza de la opinión pública en el trabajo de las autoridades públicas.
Como ya hiciera en su informe del 2013, el comisionado de derechos humanos también insta al Gobierno español a crear un mecanismo independiente para canalizar las quejas relativas a las malas prácticas policiales, bien ampliando las competencias del defensor del pueblo español o creando un nuevo organismo.
