El pleno del Tribunal Constitucional comienza este martes a deliberar sobre el recurso del Gobierno Central contra la 'Conselleria' de Exteriors de la Generalitat. En la línea de las últimas resoluciones, el tribunal previsiblemente declarará inconstitucional la cartera de Raül Romeva, en lo que supone un varapalo al Govern.

En la línea marcada por el alto tribunal en su sentencia del pasado 22 de diciembre -que anuló parcialmente la Ley de Acción Exterior catalana por invadir competencias del Estado- el pleno se decantará por estimar el recurso del Ejecutivo de Mariano Rajoy contra el departamento que dirige Romeva. A petición del Gobierno español, el alto tribunal acordó ya en el mes de febrero del 2016 la suspensión durante cinco meses de varios artículos recogidos en los dos decretos que regulan la 'conselleria' que dirige Raül Romeva.

En junio del año pasado, el TC levantó parte de esa suspensión y revisó esta decisión explicando, en un auto, que este departamento no puede utilizar el nombre de 'asuntos exteriores' porque "coincide con una denominación de un departamento ministerial del Gobierno de la nación". Los magistrados anularon el veto de los artículos que regulaban sus competencias, pero aclarando que este departamento solo podía llevar a cabo "actividades con proyección exterior para promover sus intereses propios", es decir, las mismas atribuciones que también tienen el resto de las comunidades autónomas. En diciembre el TC avaló varios de los preceptos impugnados, mientras se interpreten en el sentido previsto en la carta magna, anulando los que, en su opinión, atribuían a Catalunya competencias reservadas en exclusiva al Estado, como el establecimiento de relaciones “bilaterales” con otros países o la llamada “diplomacia pública” de la Generalitat. En ellos se enmarcan la creación de consulados y el reconocimiento de la autodeterminación de otros países.

De conocerse la sentencia esta semana, será la primera resolución del alto tribunal hecha pública después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hiciera pública la fecha del referéndum vetado por el Constitucional y el contenido de la pregunta que piensa plantear a los catalanes.