Los abogados de las víctimas del franquismo denuncian la falta de colaboración y respuesta del Ministerio de Justicia ante la petición cursada por la jueza argentina María Servini, para viajar a España a tomar declaración a 19 ex altos cargos de seguridad durante la dictadura franquista.
En un comunicado, los letrados aseguran que Justicia no ha tramitado la petición de las autoridades judiciales argentinas, que fue entregada el pasado 9 marzo, "incumpliendo el Tratado de Asistencia Judicial suscrito entre ambos países e incurriendo en un posible delito de prevaricación".
Por ello, solicitan que la petición de la magistrada se remita "con carácter urgente" a la Audiencia Nacional para que se proceda a interrogatorio de los imputados en la causa penal argentina.
Igualmente, Amnistía Internacional ha enviado una carta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para pedirle que acceda a la petición de la jueza argentina.
"Las autoridades deben permitir a Argentina investigar, a menos que los presuntos autores vayan a ser juzgados en España, algo que no está sucediendo, cuando 40 años después seguimos sin avances", asegura el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
Fuentes del Ministerio de Justicia han informado a Efe de que el departamento "estudia la petición desde la máxima colaboración" y que aunque aun no lo ha hecho, dará respuesta al exhorto cursado por el juzgado argentino.
Los exministros Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina (suegro de Alberto Ruiz Gallardón), Antonio Carro Martínez, Alfonso Osorio García, José María Sánchez-Ventura y Fernando Suárez figuran entre los 19 imputados por la jueza Servini, que instruye la causa que investiga los crímenes del franquismo y de la Guerra Civil.
También figura en la lista el abogado que redactó la sentencia de Puig Antich, Carlos Rey, y otros importantes cargos como el de un antiguo fiscal, un exjuez y exguardia civil, y antiguos policías, entre otros.
En base a la comisión rogatoria que fue entregada a las autoridades españolas el pasado 9 de marzo, las declaraciones indagatorias tendrían lugar entre el 4 y el 22 de abril.
La aprobación de esta comisión por España implicaría la citación en la Audiencia Nacional de los diecinueve ex altos cargos, que prestarían declaración ante un juez del Estado español y ante la jueza Servini.
Dicha medida se enmarca dentro de la investigación que realiza la Justicia de Argentina para dilucidar si los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la Guerra Civil se enmarcan en crímenes de "lesa humanidad".
La jueza Servini instruye esta investigación por el principio de la justicia universal a raíz de que en 2010 más de 100 asociaciones presentaran la conocida como "querella argentina".
