La Fiscalía Superior de Cataluña mantuvo una reunión ayer con los fiscales de vigilancia penitenciaria sobre el régimen de permisos de los presos del procés y determinó que no habrá un criterio prefijado y que se estudiará caso por caso para decidir los posibles recursos, según fuentes judiciales citadas por Europa Press. El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, y el teniente fiscal, Pedro Ariche, se reunieron con la fiscala jefa de Barcelona, Concepción Talón, y los fiscales de vigilancia penitenciaria de Barcelona y Lérida, que también se encargan de Tarragona, para coordinar la respuesta a la clasificación que finalmente valide la secretaría de Medidas Penitenciarias y Reinserción de la Generalitat.
Los fiscales de vigilancia penitenciaria se mostraron partidarios de recurrir un tercer grado, pero aseguran que la postura oficial no está prefijada, y la decisión sobre recurrir dependerá del contenido y fundamentación respectiva de las resoluciones que se dicten.
Así, de momento no se pronuncian sobre la posible aplicación del artículo 100.2, que permitiría un régimen más flexible para los presos en una clasificación de segundo grado, con salidas para trabajar o realizar actividades dentro de su programa individual de tratamiento.
RÉGIMEN ORDINARIO / Las juntas de tratamiento de las cárceles han propuesto para los nueve líderes independentistas encarcelados el segundo grado o régimen ordinario, clasificación que debe ser ratificada la Generalitat antes del 11 de febrero. Hasta que esto se produzca, los reos no podrán flexibilizar el régimen a través del artículo 100.2.
Si se clasificaran en un tercer grado, un recurso de la fiscalía podría acabar, en última instancia, en el tribunal sentenciador, en este caso en el Tribunal Supremo, mientras que los eventuales recursos contra la aplicación del artículo 100.2 recaerían finalmente en la Audiencia de Barcelona.
