El cabeza de lista de la CUP, Carles Riera, no dudó en afirmar ayer que a su partido le consta que los «servicios de inteligencia» preveían «la posibilidad de, incluso con la colaboración de grupos de extrema derecha, generar conflictos violentos y acusar a la CUP como responsable». «Uno de los escenarios» contemplados por el Estado en caso de que se hubiera hecha efectiva la proclamación de la república catalana era «facilitar» que se dieran «fenómenos de violencia» y culpar de ellos «a la izquierda independentista», insistió.

Riera, que se expresó así en la presentación de los candidatos de la CUP para las elecciones catalanas del 21 de diciembre, dijo que su partido «hace meses» que tiene «constancia» de esta posibilidad. Esto es algo que «no es nuevo» en los Estados «autoritarios y despóticos», criticó. Riera no quiso sin embargo hacer públicas «las fuentes» que asegura que les habrían facilitado esta información.

El exdiputado señaló que tras la declaración de independencia se produjo un «golpe de Estado en toda regla», en referencia a la intervención de la autonomía catalana, y dijo que el Estado quiere «en este contexto» unas «elecciones autonómicas» corrientes pero que su formación las plantea como «las primeras republicanas».

El cardenal arzobispo de Barcelona, el turolense Juan José Omella, por su parte, negó ayer «categóricamente» que en su intento de mediación entre el gobierno catalán y el español se advirtiera de violencia del Estado.

En un escueto comunicado emitido por el Arzobispado de Barcelona, el cardenal desmiente «las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación sobre las informaciones de violencia de Estado, en caso de que el gobierno de la Generalitat hubiese hecho una DUI». El cardenal hizo esta afirmación para negar algunas informaciones que atribuyen a las personas que intentaron mediar en el conflicto entre el gobierno catalán y el Estado, como el lehendakari Iñigo Urkullu, el Sindic de Greuges, Rafael Ribó, la advertencia de una posible violencia de Estado.