Las decisiones de varios tribunales europeos en relación a los líderes independentistas que huyeron tras la proclamación de independencia han ido poniendo en aprietos al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y su instrucción de la causa por el referéndum unilateral del 1-O. La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein infligió el revés más duro al rechazar la extradición del expresident Carles Puigdemont por rebelión.
El tribunal germano entendió que no hubo la violencia «suficiente» durante el 1-O para sustentar una acusación por un delito de tal gravedad que, además, no casa bien con la legislación alemana. En mayo, la justicia belga rechazó la entrega de los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig por lo que consideró defectos de forma. Bélgica no entró en el fondo del asunto y denegó las extradiciones al juzgar que la euroorden emitida por Llarena no se correspondía con la orden de detención nacional cursada previamente por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. El Gobierno, todavía del PP, reaccionó airadamente y exigió sin éxito una reforma legal del procedimiento de las euroórdenes. La Comisión Europea rechazó de plano la idea.
La suma de varapalos a la instrucción llevada por Llarena cuestionó un proceso que acaba de enfilar el camino del juicio con severas peticiones de penas de la fiscalía. SILVIA MARTÍNEZ
