El exdiputado de la CUP David Fernández coincidió con el testigo que le había precedido en el estrado del juicio del 'procés', Rubén Wagensberg, de ERC, en definir el 1-O como el "mayor acto de desobediencia civil que se había producido en Europa". Ambos negaron la existencia de violencia, aunque a preguntas del fiscal Jaime Moreno, Fernández afirmó que "con carácter general y mayoritario no hubo violencia", salvo "excepcionalmente alguna situación".

A preguntas del abogado de uno de los abogados de Jordi Cuixart, Benet Salellas, el exdiputado de la CUP "No hay ningún espacio de violencia como el que describe", le respondió al fiscal cuando se interesaba por el detalle de los talleres de resistencia que impartió para oponerse a la actuación policial. Completó su respuesta diciendo que si hubo algún episodio de patadas y enfrentamiento directo con los agentes fue "puntual y metonímico", lo que resaltó como un logro en un hecho en el que participan 2,3 millones de personas.

"Si 2,3 millones hubiesen seguido una estrategia violenta no estaríamos hablando en estos términos de lo que ocurrió en Cataluña", ejemplificó Fernández, que aprovechó para afirmó que era "absolutamente consciente" de la prohibición que pesaba del referéndum y añadió que la desobedeció "a conciencia, como el 9-N". "Mientras sea un delito seguirá desobediendo", dijo para añadir que hasta que sea un derecho.

A continuación le preguntó la abogada del Estado por si en los talleres que impartía se utilizaba "la fuerza" y Fernández optó por contestar con otra pregunta: "Defíname fuerza". Al final optó por tratar referirse a "fortaleza", como la característica necesaria para oponerse a la actuación policial a través de la resistencia pacífica.

ELUDIR A VOX

A diferencia de lo que ocurrió con sus compañeros de filas Antonio Baños y Eulàlia Reguant, a los que les preguntó en primer lugar la acusación que ejerce Vox, porque era quien les había propuesto, a Fernández le preguntaron en último lugar. Por eso, tuvo más margen que sus compañeros que fueron multados con 2.500 euros y, al no haber rectificado, serán investigados por un delito de desobediencia al tribunal.

Fernández quiso asegurarse de si el testimonio prestado hasta ese momento valdría. Pero el presidente del tribunal se negó a aclarárselo, por lo que el testigo optó por acceder a contestar a la acusación dejando constancia de que lo hacía por "imperativo legal y moral" para evitar que el resto de su declaración se anulara, pese a la repulsa que le provocaba contestar a "toda forma de fascismo". La pregunta fue breve consistía en si la CUP participó en talleres con Bildu y la izquierda abertzale, Fernández respondió que lo había hecho Arran. Vox ni repreguntó.