+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

El nuevo escenario catalán

Decisión de alto riesgo

La Moncloa busca poner en aprietos a Torrent y que designe de inmediato a otro aspirante. El Gobierno ignora al Consejo de Estado y acude ya al TC para frenar la investidura de Puigdemont

 

Soraya Sáenz de Santamaría, ayer en Madrid. - EFE

GEMMA ROBLES
26/01/2018

Mariano Rajoy y su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, han decidido apostar fuerte frente a Carles Puigdemont. Han elegido un camino jurídico quizás efectivo en el corto plazo, pero no exento de riesgos en los tribunales y en la vida política: recurrirán hoy ante el Constitucional que la mesa del Parlament haya propuesto al expresident para la investidura, por no tener «libertad deambulatoria completa» al estar huído en Bruselas. Y lo harán pese a que el Consejo de Estado advierte de que la impugnación puede resultar «prematura» ya que aún no se ha producido un acto o resolución denunciable. Una opinión que por cierto prevalecía en la Moncloa hasta la mañana de ayer, en que se hizo oficial ante la prensa el cambio de criterio.

Así, mientras Puigdemont exigía vía twitter la dimisión de la vicepresidenta, el Ejecutivo optaba por ignorar el revés y los consejos de su órgano consultivo después de haber pedido pronunciamiento urgente y por preparar un recurso inmediato para el Alto Tribunal. Con ello podría conseguir uno de sus objetivos: que Puigdemont no intente una investidura telemática el próximo martes 30, dado que el Gobierno solicitará al TC la suspensión cautelar de la decisión de investir al politico del JxCat.

Si el Constitucional admite a trámite la impugnación que le llegará desde La Moncloa, algo que salvo segunda y tremenda sorpresa ocurriría en las próximas horas o días, esa paralización en principio quedaría garantizada. En ese momento la pelota pasaría al tejado de Roger Torrent, presidente del Parlament, que tendría que elegir entre acatarla y proponer otro candidato o candidata si quiere investidura o desobedecer y asumir las consecuencias. Desde el Gobierno avisan que si llegado ese escenario hay tentaciones de declarar presidenciable a Oriol Junqueras, ahora en prisión, se volverán a analizar las posibilidades jurídicas de impedirlo.

Rajoy y Sáenz de Santamaría buscan evitar que la imagen de Puigdemont reclamando ser investido desde Bruselas dé la vuelta al mundo la próxima semana, o que pudiera tratar de pisar en suelo español con alguna argucia judicial para llegar hasta el Parlament. Y con la decisión de seguir adelante con el recurso, tienen posibilidades de lograrlo si hay admisión a trámite, puesto que ya nada puede darse por hecho.

Cabe recordar que en el 2004 el TC ya paró los pies al Gobierno de José María Aznar cuando propuso que se admitiera una impugnación contra el Plan Ibarretxe, sobre la que también había dudas en torno al momento de su presentación.

De hecho ese temor a errar en los tiempos al presentar el recurso es lo que se había esgrimido hasta el jueves, desde el Ejecutivo, para justificar que no se hubieran dado pasos jurídicos ya contra el anuncio de investidura. Hasta Rajoy se pronunció públicamente en esa línea argumental el miércoles. Sin embargo, Santamaría aclaró tan sólo un día después que mientras el presidente decía eso estaban existiendo contactos con el PSOE y el PSC para comunicarles la estrategia jurídica que se iba a seguir en las siguientes horas, que recibió el respaldo de la oposición. También de Ciudadanos, aunque su líder, Albert Rivera, no fue consultado.

REUNIÓN EN BRUSELAS / El Ejecutivo ha manejado, como poco, un doble criterio ante el potencial recurso en cuestión de horas, puesto que Puigdemont tenía los mismos problemas para «deambular» por España el 22 de enero, fecha en que el Parlament le convirtió en aspirante a president, que este jueves. Pero para el Gobierno fue «fundamental» la cita que mantuvieron el miércoles en Bruselas el expresident y Torrent y el hecho «insólito» de que se quiera convertirse en responsable de la Generalitat a alguien que no puede desplazarse a Barcelona si no quiere ir a prisión.

También se le preguntó durante su comparecencia a Santamaría los motivos por los que el Gobierno daba por hecho que Puigdemont no regresaría en vísperas de la investidura para ponerse a disposición del Supremo y, a continuación, pedir que se le permita acudir al Pleno si fuera encarcelado.

Ella evitó ahondar en el asunto y se limitó a responde que recurren la circunstancia que se ha producido, aludiendo a que Torrent proponga a alguien que reside en Bélgica.