La defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas solicitó hoy al tribunal que juzga el caso Gürtel que llame a declarar como testigos en la vista oral a tres exministros del gobierno de José María Aznar y a los presidentes de las empresas OHL y ACS a las que Francisco Correa atribuyó el pago de comisiones a cambio de obra pública.
Como Correa se negó a contestar a todas las defensas e incluso a la acusación que ejercen los socialistas valencianos, pese a lo que él mismo había anunciado el viernes, los letrados fueron leyendo las preguntas que tenían preparadas para él. En ese turno, el abogado de Bárcenas, Francisco Maroto, anunció que quería solicitar la declaración como testigos de los exministros de Medio Ambiente Jaume Matas y Elvira Rodríguez y el de Fomento Rafael Arias Salgado. Francisco Álvarez Cascos, que también ocupó esa cartera, ya está citado a declarar.
El letrado también solicitó que testifiquen el presidente de ACS,Florentino Pérez, y de OHL, Juan Villar Mir. Previamente había recordado que ambas empresas negaron “las graves acusaciones” vertidas el viernes por Correa, quien identificó a ambas compañías y a Dragados como las que acudían a él para lograr adjudicaciones a cambio de lograr la adjudicación de contratos públicos. Maroto mostró su extrañeza porque nunca hubiera mediado Luis Delso, expresidente de Isolux Corsán, pese a ser "íntimo amigo suyo" y representar "la cuarta constructora del país".
La defensa de Bárcenas puso en duda todo la declaración del principal acusado de Gürtel relativa a su cliente y dudó de que la figura del extesorero fuera necesaria para repartirse las comisiones pagadas por los empresarios afines al partido, “cuando Correa tenía relación con Aznar y Cascos”.
También pidió que se requiera a la Administración del Estado para saber qué obras fueron adjudicadas en el periodo investigado (1999-2005), según la declaración prestada por Correa. Así se determinaría de dónde proceden los 1.000 millones de pesetas que el acusado dijo en una ocasión al exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas que había llevado al PP.
La extensa enumeración de preguntas de Maroto fueron interrumpidas por el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que pidió al letrado que concluyera con un "aquí no se está enjuiciando al PP", en referencia a que el Partido Popular no está acusado de haber cometido delito alguno, aunque sí lo está de haberse beneficiado de ellos, como partícipe a título lucrativo.
En su declaración ante el tribunal, Correa dijo que lo de los 1.000 millones se debe al dinero que ahorró al partido al ser tan competitivo a la hora de organizarle actos, pero más adelante admitió que había cobrado de empresarios afines al PP comisiones que se repartía con Bárcenas a cambio de contratos de la administración pública.
Por su parte, la representación del PP se interesó por los pagos que Correa había admitido que hizo de actos electorales en los municipios madrileños en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. Las preguntas versaron sobre quién los autorizó, en qué consistieron y cuándo se realizaron. También se interesó sobre el primer mitin que Bárcenas le había pedido que organizara para el PP y que inauguró su extensa y prolongada en el tiempo colaboración con el partido.
