"El caso del señor Mas no es un caso de indubio pro reo, sino de indubio pro libertate". Así ha acabado este viernes su informe de casi una hora el abogado Javier Melero, defensor de Artur Mas. "El señor Mas no se ha escondido nunca detrás de una multitud devoluntarios, no ha negado la participación y el impulso político de la consulta, no ha negado que permitió el uso del material encargado por el Govern", ha afirmado. "Es cierto que por parte del Govern no se llevaron a cabo actos impeditivos de aquello que estaba en curso y que llevaron a la celebración del proceso participativo", ha subrayado.

El abogado ha esgrimo "la doctrina de los actos políticos" y ha incidido que "para la defensa de Mas, es indiferente que el señor Mas quisiera desobedecer o no, que no quería," para la comprensión jurídica de los hechos. "Nos encontramos ante una situación en la cual el Gobierno del Estado y alguna de sus instituciones ha intentado mediatizar la acción de la justicia. Lo ha querido hacer discretamente, pero ha dejado huellas", ha detallado.

PROVIDENCIA AMBIGUA

"No es que el señor Mas entendiera o no laprovidencia del Tribunal Constitucional, lo que no entendió, porque no había, es un requerimiento", ha relatado, a la vez que ha dicho que el alto tribunal no hizo nada para que se ejecutara la medida de suspensión. A su entender, la providencia de suspensión cautelar del 9-N era ambigua porque hablaba de detener "cualquier acto". "Como ya estaba todo en manos del voluntariado, lo único que podría haber hecho el señor Mas era interrumpir cosas que ya estaban absolutamente fuera de su control y en manos de estos voluntarios", ha sostenido el abogado. El letrado ha sacado a relucir la decisión de la junta de fiscales de Catalunya de no observar delito en los miembros del Govern por el proceso participativo.

Ha recordado que el Gobierno español, encabezado por el presidenteMariano Rajoy, menospreció durante aquellos días el 9-N. "Había una extraordinaria presión política y jurídica sobre el Gobierno de Catalunya", ha subrayado. "Si se quiere condenar al señor Mas pordesobediencia, se tendrá que innovar y ser creativo", pues no hubo "comportamiento contundente y reiteración", como señala la jurisprudencia relativa a este delito. Además, en su opinión, la suspensión no se notificó con las formalidades que siempre se han seguido en este tipo de requerimientos. "La conclusión es que no se puede desobedecer lo que no es requerido. No se puede cometer delito si no se ha requerido previamente", ha argumentado Melero.

ACTUACIÓN POLÍTICA

El abogado Rafael Entrena, que representa a Joana Ortega, ha empezado su informe con contundencia. "Sin duda nos encontramos ante un juicio singular, sin precedentes, en que se acusa de desobediencia y prevaricación a aquellos que en su día ejercieron cargos" al frente de la Generalitat. "Se les sienta en el banco de los acusados por haber llevado a cabo una actuación de naturaleza estrictamente política como es articular un procedimiento para que los ciudadanos de Catalunya pudieran expresarse sobre su futuro político".

"Fue un error que el partido del Gobierno de España "impulsara una querella contra una movilización democrática y pacífica". El letrado ha reiterado que el proceso participativo quedó en manos de voluntarios, que no hubo un requerimiento directo del Constitucional a la exvicepresidenta y que la providencia del alto tribunal no era clara, ni precisa.