El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel que su actuación en relación con las concentraciones en Madrid siempre estuvo basada en el criterio de los expertos sobre la evolución del coronavirus y en la ley, y "en aquel momento no había ningún elemento para prohibir el ejercicio de un derecho fundamental" en relación con el Día de la Mujer, en los mismos días en que se estaban produciendo "muchos acontecimientos" en la capital no relacionados con derechos fundamentales.
"No puedo considerarme responsable del 8-M, porque en ese momento no había ningún elmento en aquel momento que me llevara a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental. No había ninguna recomendación o elemento que llevase a prohibir el derecho de manifestación y no está acreditado en ningún momento que el incremento de casos del día 9 tuvieran que ver con la manifestación del día 8, porque está acreditado por los expertos sanitarios saben que si se produce el contagio se tarda en manifestarse 14 día".
Franco, que durante aproximadamente hora y media en relación con su conocimiento sobre la incidencias en el contagio del coronavirus que pudieron tener concentraciones multitudinarias en Madrid, declaró a la salida del juzgado ante los medios que siempre ha "intentado cumplir con las obligaciones" propias del cargo de delegado del Gobierno. En este sentido, lamentó profundamente" no poder hablar "en positivo" de "la salida de las crisis, como la gestión de las ertes o el ingreso mínimo vital" y tener que estar dando explicaciones por su imputación por un delito de prevaricación administrativa.
Durante el confinamiento ha ido conociendo los distintos informes de la Guardia Civil y del forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid antes de poder declarar directamente ante la magistrada, diligencia que suele ser con la que se inician los procedimientos surgidos a partir de denuncias de particulares, como ocurrió en este caso. Los documentos fueron solicitados por la magistrada, pese a que los plazos procesales estaban suspendido por el estado de alarma. Al ser preguntado por ellos, el delegado del Gobierno mostró su respeto por la institución que representa la Guardia Civil, pero dijo no respetar el contenido del informe.
Informes varios
Ni el informe de la Guardia Civil, cuya repercusión se disparó con la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia madrileña, ni el del forense benefician al delegado del Gobierno, al que se acusa de no haber impedido las concentraciones pese a supuestamente conocer la peligrosidad de contagio que ello suponía.
No obstante, en un primer informe, el forense consideraba imposible establecer la causalidad entre la asistencia a la manifestación del 8-M y resultar infectado por el covid, lo que llevó a la magistrada a retirar de la imputación de Franco el delito de lesiones imprudentes, con lo que se redujo al de prevaricación administrativa, que no prevé cárcel.
Tanto la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del imputado, como la fiscalía recurrieron sin éxito la apertura de la causa y la imputación de Franco. La jueza ya ha rechazado las impugnaciones, pero la última palabra la tendrá la Audiencia Provincial de Madrid. Tanto la Abogacía como el ministerio público consideran imposible atribuir al delegado del Gobierno un delito que implica la toma de una decisión arbitraria y contraria a la legislación, lo que resulta complicado por el mero hecho de no prohibir el ejercicio del derecho fundamental de manifestación.
