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DECLARACIÓN ANTE LA JUEZA

El delegado de Madrid dice que no se considera responsable del 8-M

Muestra su respeto a la Guardia Civil aunque no comparta su informe . Franco asegura que no tenía elementos para prohibir la marcha feminista

 

José Manuel Franco, ayer, en los juzgados de Madrid. - DAVID CASTRO

ÁNGELES VÁZQUEZSClB
11/06/2020

El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, aseguró ayer ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel que su actuación en relación con las concentraciones en Madrid siempre estuvo basada en la ley y el criterio de los expertos sobre la evolución del coronavirus, y «en aquel momento no había ningún elemento para prohibir el ejercicio de un derecho fundamental», cuando en los mismos días se estaban produciendo «muchos acontecimientos» en la capital.

«No puedo considerarme responsable del 8-M, porque en ese momento no había ningún elemento que me llevara a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental. No había ninguna recomendación que llevase a prohibir el derecho de manifestación y no está acreditado en ningún momento que el incremento de casos del día 9 tuviera que ver con la manifestación del día 8, porque está acreditado por los expertos sanitarios que el contagio tarda en manifestarse 14 días», aseguró ante los medios, entre los que se coló uno de los dos manifestantes que le esperaban en los juzgados con pancartas de «feminazis».

Franco, que compareció durante una hora y media, explicó que siempre ha «intentado cumplir con las obligaciones» propias de un delegado del Gobierno. En este sentido, lamentó profundamente «no poder estar hablando» en positivo «de la salida de las crisis, como la gestión de los ERTE o el ingreso mínimo vital» y tener que estar dando explicaciones por su imputación por un delito de prevaricación administrativa.

Durante el confinamiento ha ido conociendo los distintos informes de la Guardia Civil y del forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid antes de poder declarar directamente ante la magistrada, diligencia que suele ser con la que se inician los procedimientos surgidos a partir de denuncias de particulares, como fue este caso. Los documentos fueron solicitados por la magistrada, pese a que los plazos procesales estaban suspendidos por el estado de alarma.

INFORMES VARIOS / Al ser preguntado por ellos, el delegado del Gobierno mostró su respeto por la institución que representa la Guardia Civil, pero dijo no compartir el contenido de su informe. Tampoco quiso pronunciarse sobre si la magistrada había abierto una «causa general» en su contra. Tanto el del instituto armado, cuya repercusión se disparó con la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia madrileña, como el del forense son contrarios a sus intereses, pues sostienen que ya había advertencias sanitarias que desaconsejaban las concentraciones de personas, extremo del que Franco dijo no ser consciente.

Según fuentes jurídicas, los funcionarios de la Delegación del Gobierno que declararon como testigos corroboraron que hasta el 11 de marzo no se fue consciente de la gravedad de la situación aunque se produjeran llamadas para desconvocar algunas movilizaciones. Tanto la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa, como la fiscalía recurrieron sin éxito la apertura de la causa y la imputación de Franco.

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