Las palabras del magistrado Pablo Llarena que han motivado la demanda civil de Carles Puigdemont y los exconsejeros catalanes huidos en Bélgica no fueron reflejadas fielmente en el escrito presentado al juzgado, según difundieron ayer El Mundo y El Confidencial tras el hallazgo realizado por un profesor francés hispanohablante y difundido en las redes sociales. En concreto, la alteración localizada en la traducción al francés de las afirmaciones de Llarena modifican el sentido de un inciso en el que el juez apelaba a la presunción de inocencia, cargándose este matiz.
La denuncia de los políticos independentistas se basa en unas declaraciones que realizó el magistrado el pasado 23 de febrero en Oviedo, tras participar en una conferencia. Según los demandantes, Llarena vulneró aquel día su derecho a un juez independiente e imparcial, a un juicio justo y equitativo y a la presunción de inocencia. «No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados», dijo Llarena a la prensa al término de un curso en Oviedo en el que estaba participando.
LA TRADUCCIÓN / Sin embargo, la afirmación que recoge la demanda es «‘peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c’est ce qui s’est produit, il faut faire une enquête’», es decir: «Con independencia de cuál haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados».
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, negó taxativamente que exista cualquier «alteración» y apuntó que, en todo caso, «puede ser un error del traductor». «Se lo vamos a preguntar al traductor y se lo vamos a informar al juzgado, pero eso no altera en absoluto la demanda», sentenció en declaraciones a Europa Press.
La portavoz del Gobierno catalán y consejera de Presidencia, Elsa Artadi, coincidió en ese diagnóstico y criticó de nuevo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez plantee asumir la defensa del magistrado. En este caso, advirtió de Llarena pidió amparo fuerza de plazo, con lo que considera ilegal que se le conceda.
Podemos no está conformecon la decidsión tomada porSánchez y su Gobierno. El secretario de Organización, Pablo Echenique, reiteró que «lo sensato» es que Llarena «se pague sus propios abogados». En declaraciones a Radio Nacional, Echenique reconocía que el Gobierno ha cambiado su actitud con este asunto y consideró que la primera postura, la de no asumir esa defensa, era «más sensata» ya que la demanda está motivada por unas declaraciones del juez en el ámbito privado.
Tampoco está de acuerdo con el apoyode la Moncloa a Llarena el lendakari, Iñigo Urkullu, quien argumentó que la demanda responde a unas declaraciones «privadas», realizadas «más como político» que como juez. Urkullu no cree que la demanda interpuesta por Puigdemont y los consejeros catalanes huidos cuestione la soberanía jurisdiccional española. Respecto al caso catalán en general, el jefe del Gobierno vasco dijo también que si se excarcelara a los dirigentes independentistas que se encuentran en prisión preventiva, y se escuchara su voz en Cataluña, se podría «contribuir a la distensión». Por ello, llamó a la reflexión sobre su posible puesta en libertad.
