La Guardia Civil ha detenido este martes a primera hora a cuatro personas en el marco de una operación dirigida por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre por la presunta malversación de fondos y fraude en las subvenciones en la Secretaria General del Esport y su órgano dependiente, el Consell Català del Esport, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Además, se investiga una trama de presunto tráfico de influencias. Entre los detenidos están Gerard Figueras, director general de Esports de la Generalitat y exdiputado de CiU al Parlament, así como Maite Fandos, exconcejala del PDECat en el Ayuntamiento de Barcelona y miembro de Gobierno de la Junta de la Diputación.

Agentes de la Policía Judicial de Zona de la Guardia Civil de Cataluña están realizando entradas y registros en instalaciones públicas y domicilios particulares, en el seno de la operación Voloh, en busca de pruebas presuntas de irregularidades en partidas presupuestarias y subvenciones y contrataciones arbitrarias, como alguna destinada a publicidad en revistas de entidades soberanistas. Una de las instancias que están siendo registradas es la Secretaria General del Esport. Entre las entidades beneficiarias de esas subvenciones se encontraría las fundaciones Catmon e Igman, de la órbita de al extinta CDC, a las que el juzgado de Aguirre ya orden registrar en mayo del 2018.

Además de Figueras y Fandos, la Guardia Civil también ha detenido este martes a Alejandro Gallo Navarro, apoderado de la empresa pública Equacat, y Lluis Pellisera, subdirector general de gestión y recursos humanos del Consell Català del Esport.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Las pesquisas también se extienden a un presunto delito de tráfico de influencias. Según los investigadores Gerard Figueres intervino para que Maite Fandos fuera colocada en la Diputación de Barcelona como asesora del área de innovación cuando dejó de ser concejal del Ayuntamiento de Barcelona. En esta maniobra, en la que parciparon relevantes políticos catalanes y del PDEcat, tenía dos objetivos: tenerla controlada porque había amenazado con explicar asuntos confidenciales y, además, aprovechar las funciones que iba a desempeñar para, a través de la constitución de una fundación, presuntamente desviar dinero público que de entrada iba destinado a un futuro evento deportivo. Para logar ese propósito se ejerció influencia en cargos públicos, algunos de ellos de la órbita del PDEcat.

El presidente del PDEcat, David Bonvehí, ha desmentido este martes a través de un tuit que su formación esté implicada en ningún tipo de malversación de fondos, ni está vinculada a tramas irregulares. "Somos un partido transparente que combate las malas prácticas", ha sostenido.

La trama

La investigación del juez Aguirre arranca en mayo del 2018, a raíz de una macrooperación con 20 registros y 30 detenciones por un presunto caso de corrupción en la Diputació de Barcelona. La operación Estela se inició meses antes por el reparto presuntamente irregular, a través de subvenciones, de más de dos millones de euros, durante el mandato del presidente Salvador Esteve (CiU). Esas ayudas iban a parar a empresas, fundaciones, en algún caso de la órbita independentista, y patronales que, en realidad, debían haber ido destinadas a prestar a asistencia técnica a países en vías de desarrollo.

Meses después, el juez Aguirre se hizo cargo de una investigación de la Fiscalía de Barcelona por el presunto desvió de fondos destinados al deporte que, a través de una entidad soberanista, habrían ido a parar al PDEcat. En las entradas y registros efectuados en mayo del 2018, la Policía Nacional halló apuntes contables sobre una de estas operaciones.