Dirigentes de IU aseguran que Alberto Garzón y la dirección del PCE están trabajando para poner en marcha "un Podemos B", que tenga una vocación "ciudadanista" y en el que se suprima el concepto de clase, "pero no se dan cuenta" -advierten a EFE- de que es un espacio "ocupado" ya por Pablo Iglesias.

Con la vista puesta en la posible repetición de las elecciones en junio, el entorno de Garzón trabaja ya en esa opción de izquierda alternativa que aglutine a organizaciones políticas, cívicas y sociales, como intentó sin mucho éxito, con Unidad Popular.

Estará en la misma órbita que Podemos, aunque las mismas fuentes entienden que Garzón no pretende "desembarcar" en la formación de Iglesias.

Otra cosa es que si finalmente hay comicios en junio, IU intente de nuevo una coalición con Podemos que es la opción preferible en su entorno y que esta vez podría prosperar por ese acercamiento postelectoral que se ha producido entre ambos líderes, hasta el punto de que Iglesias le quiere en ese gobierno aún de ficción que espera poder armar con Pedro Sánchez.

Ahora bien, también podría haber un nuevo portazo del partido morado igual al que recibieron semanas antes del 20D y en ese caso, "pues cada uno concurrirá con su propia identidad", aseguran.

Pero esta vez no cometerán el error de apurar tanto, reprochando a Garzón que mantuviera la esperanza de ir de la mano de Iglesias hasta cuarenta y ocho horas antes de las elecciones de diciembre, dejándoles sin margen para poner en marcha una fórmula de unidad popular "de verdad".

Izquierda Unida vuelve a verse en la misma encrucijada y con una división más profunda si cabe después de unos resultados que han dejado a IU en el Grupo Mixto con solo dos diputados -aunque mantiene casi un millón de votantes- y una complicadísima situación financiera, que puede llevar incluso al despido de un 60 por ciento de la plantilla.

Un escenario que hace dos semanas provocó un nuevo encontronazo entre los dos principales sectores, el que encarna el todavía coordinador federal, Cayo Lara, y Garzón, que acusó al primero de tratar de romper IU por intentar hacer responsables del ERE a los tres diputados que tienen en las confluencias de Podemos.

Por si no fuera evidente el desencuentro, el fin de semana pasado un grupo de "enojados" contra la actual deriva de la formación se reunieron en Zamora -la única capital de provincia en manos de IU- para "dar un grito de indignación" y dejar constancia de su desacuerdo, afirman fuentes que participaron en esa cita.

Quieren mantener "vigente" el proyecto de IU treinta años después de su nacimiento y adecuarlo al nuevo contexto sin encabezar "nada" dentro de IU -recalcan-, pero sí dejando constancia de su disconformidad con el pilotaje que está haciendo Garzón e insistir en defender las siglas como "patrimonio político".

Más de 150 miembros de IU han ratificado la llamada Declaración de Zamora que pretende relanzar IU de cara a la XI Asamblea federal, que se celebrará, si no hay adelanto electoral, el último fin de semana de mayo.

Se niegan a dejar "por el camino" los valores y principios de IU, reivindicando, por tanto, el conflicto "capital-trabajo" y el carácter de clase que algunos quieren aparcar -acusan- y dan un espaldarazo sin titubeos a Cayo Lara por intentar "de todas todas" formar grupo propio.

Daría un respiro económico a la formación, ya que aligerarían su abultada deuda (nueve millones de euros) en lugar de incrementarla en otros dos millones, dinero que tendrían que devolver por el 'mailing' electoral.

Y mientras tanto, Garzón ha asumido un papel de mediador entre Podemos y PSOE y ha logrado que ambos, junto a IU y Compromis, se sienten juntos mañana en el Congreso de los Diputados a ver cómo podrían trabajan en un gobierno alternativo al PP.

Eso sí, sin dejar al margen las negociaciones bilaterales que IU mantiene con el PSOE solo para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Negociaciones que van por buen camino y que, por ahora, han fructificado en una serie de compromisos para derogar la reforma laboral del PP, suspender los desahucios a personas en situación de emergencia social, crear de forma inmediata un ingreso mínimo vital para familias sin recursos y aprobar este año un aumento del salario mínimo, entre otras medidas.