El Gobierno de Cataluña lleva tres días inmerso en una contradicción difícil de sobrellevar. El Tribunal Supremo condenó el lunes a varios de los principales dirigentes de JxCat y ERC, los partidos que comparten el Ejecutivo, a duras penas de prisión. La indignación les conduce a animar las manifestaciones contra la sentencia, pero a la vez tienen el deber institucional de mantener el orden público. La actuación de los Mossos dEsquadra para sofocar los disturbios que se produjeron en algunas de esas protestas y que este miércoles han continuado -incluso con quema de vehículos y ataques con ácido a la policía- ha provocado la enésima grieta entre los partidos independentistas. Mientras, Pedro Sánchez ya avisa de que el Gobierno contempla todos los escenarios para recuperar la normalidad.
La intrincada situación provocó que Cataluña viviera durante muchas horas entre la tarde del martes y la mañana del miércoles, tras producirse serios enfrentamientos entre cuerpos policiales y manifestantes y después de que ardieran barricadas en muchos puntos de Barcelona, sin apenas noticias del 'Govern'. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quiso salir al paso del vacío informativo propiciando una reunión en la que participaron, además de él, el president Quim Torra y los consejeros Miquel Buch (Interior), Meritxell Budó (Presidencia) y Ester Capella (Justicia). Tres de JxCat y dos de ERC. Pero no lograron acordar ningún mensaje.
El 'president', que intenta con grandes dificultades mantener el equilibrio entre su papel institucional y su apoyo a las protestas, abandonó el encuentro precipitadamente para trasladarse a Gerona, donde se integró en una de las multitudinarias columnas de independentistas que iniciaron una marcha que les llevará el viernes a Barcelona.
Desde allí evitó pronunciarse mientras pudo sobre los disturbios que en los últimos días han provocado decenas de heridos y varios detenidos, para quienes los abogados de la Generalitat piden prisión con fianza. Torra primero rehuyó a los periodistas que le preguntaban si condenaba los altercados, y solo dijo que es fantástico ver al pueblo movilizado. Cuando se vio obligado a pronunciarse, 48 horas después de los primeros incidentes, hizo una censura genérica: La violencia no representa ni representará nunca al movimiento independentista catalán.
Pero en el encuentro de la mañana había sucedido algo importante. Buch, también dirigente de JxCat, se había plantado ante quienes le pedían una condena a algunas actuaciones de los Mossos que consideran innecesariamente violentas y alejadas de los valores de una policía democrática. Y por eso su rueda de prensa de la tarde tuvo un tono muy distinto a los mensajes de Torra.
Los Mossos se distancian del 'Govern'
El consejero catalán de Interior, cuestionado incluso por un pequeño sector de su grupo parlamentario, defendió en todo momento las actuaciones de los Mossos d'Esquadra y se centró en subrayar las "imágenes intolerables" protagonizadas por "grupos violentos" que el resto de manifestantes debería "aislar" durante las legítimas protestas contra la sentencia. También avisó de que estas acciones volverían a repetirse durante la manifestación convocada para este miércoles, y adelantó que los Mossos "actuarán".
A diferencia de Torra, Buch también condenó sin tapujos los episodios de violencia y advirtió de que usarán todos los recursos disponibles para repelerla. Las diferencias entre ambos se explican en parte porque la Prefectura de los Mossos se ha distanciado del 'Govern'. Conscientes de que acciones como el colapso del aeropuerto pueden acabar en severas instrucciones judiciales, esta vez la policía catalana no quiere que exista el menor atisbo de sospecha sobre su actuación. Por eso también agradecen la presencia en los dispositivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, cuerpos con los que aseguran que la coordinación es total estos días, para que comprueben personalmente que les mueve únicamente la voluntad de "garantizar el derecho a manifestación" y de "proteger la seguridad".
Comunicado insólito
Pero ERC no quedó satisfecha con la gestión de la crisis. Justo después de que Buch hablara, el partido emitió un comunicado insólito por su dureza donde apretaba las tuercas a su socio de 'Govern'. En el escenario político y social actual, ERC entiende que el objetivo prioritario de los Mossos dEsquadra debe ser preservar el ejercicio de los derechos civiles y políticos del conjunto de la ciudadanía, exponían los republicanos. En esta línea, ERC exige que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes de todas las actuaciones injustificadas y que, llegado el caso, se depuren las responsabilidades y se informe a la ciudadanía con total transparencia, añadían.
Después, ERC afirma que a la inmensa mayoría de los efectivos del cuerpo policial les guía la vocación de servicio y los valores democráticos y eso hace aun más incomprensible que algunos elementos puedan llevar cabo acciones que, de manera sistemática, contradicen estos principios. Y subraya: Es la lealtad institucional la que nos mueve a exigir al 'Govern' al que damos apoyo parlamentario que tome medidas efectivas para revertir de manera inmediata esta situación.
Tras este movimiento, el PDECat cerró filas con el consejero. Desde el partido se ordenó que ningún cargo orgánico ni ningún concejal pida públicamente o apoye la dimisión de Buch, lo que sería en su opinión además de una injusticia, una absoluta deslealtad. Y se amenazó con estudiar medidas contra quien no cumpla.
