PSOE, Unidos Podemos y Cs aprobaron ayer en solitario el informe de la subcomisión del régimen y financiación de los partidos políticos del Congreso que, entre otras medidas, propone endurecer el delito de financiación ilegal, acuerdo del que se han desmarcado el PP, PNV y PDeCAT.
El documento de 75 puntos que será debatido la semana que viene en comisión, solo contó con el voto favorable de PSOE, Unidos Podemos y Cs, mientras que el PNV y el PDeCAT se abstuvieron. Los populares, por su parte, decidieron no participar de la votación en protesta por lo que consideran un cierre anticipado de los trabajos de la comisión.
A la salida de la reunión, la portavoz del PP, Beatriz Escudero, anunció que su partido defenderá un voto particular al dictamen aprobado que, denunció, se ha hecho «sin luz y taquígrafos» y es deficiente en su contenido ya que, por ejemplo, propone medidas que ya están en vigor.
Por el contrario, el castellonense Artemi Rallo, del PSOE, reprochó al PP que haya «arrastrado los pies» desde el inicio de la subcomisión y en ningún momento haya tenido intención de pactar nuevas medidas para mejorar el control de las finanzas de los partidos y de sus fundaciones.
FALTA DE VOLUNTAD // En esta línea, el diputado de Cs, Ignacio Prendes, se felicitó del acuerdo y ha criticado al PP su falta de voluntad para acordar este dictamen. «Nunca quisieron esta comisión», manifestó Prendes.
El PNV, que decidió abstenerse en la votación y presentará como el PP un voto particular, ha criticado que PSOE, Unidos Podemos y Cs hayan cerrado una acuerdo a tres «al margen de los demás».
«Al parecer los tres partidos que han pactado el informe han dejado de lado uno de los principios que ha regido esta subcomisión, el consenso o la casi unanimidad, y han optado por el acuerdo por mayorías. Es legítimo, pero entonces, si ellos se lo guisan, ellos se lo comen», lamentó el diputado Mikel Legarda.
El dictamen aprobado ayer apuesta por rebajar «significativamente» la cuantía mínima que da lugar a los supuestos de penas de prisión en el delito de financiación, tipificar como delito la «manipulación» de las cuentas, e igualar las cantidades fijadas como umbral delictivo de todos los tipos de donaciones ilegales.
En cuanto a las sanciones administrativas, solicita que se amplíe el plazo de prescripción, partiendo del principio de que es «preferible» emplear esa vía a la penal.
Así, considera que deberían tipificarse como infracciones la incorrecta identificación de los donantes a los partidos políticos.
Apartado especial del dictamen aprobado merece la función de fiscalización de las finanzas de los partidos por parte del Tribunal de Cuentas. Propone la reforma del tribunal para reforzar sus competencias y asegurar la «percepción de independencia por parte de la ciudadanía».
