Entre «paraísos» e «infiernos» fiscales discurre el debate que enfrenta las diferentes políticas tributarias con las que se están estrenando los nuevos gobiernos autonómicos surgidos de las elecciones del 26 de mayo.
De promover un «paraíso fiscal» en la comunidad madrileña, falto de solidaridad con el resto de los territorios, es de lo que acusan muchos líderes regionales (sobre todo, los socialistas) a la nueva presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) tras anunciar «la mayor rebaja fiscal de la historia de la comunidad»
Presidentes autonómicos de Castilla La Mancha, Valencia, Asturias, Aragón (todos del Partido Socialista) ven dumping fiscal (competencia desleal) en el anuncio de Díaz Ayuso de recortar los impuestos madrileños en 300 millones para «hacer que Madrid siga siendo el faro de España», frente al «infierno fiscal» de otras comunidades, según dijo la nueva presidenta del Partido Popular en su discurso de investidura.
«Contra los voceros del infierno fiscal, defiendo nuestra estructura tributaria y la justicia impositiva, que suponen un precio, sí: el precio de nuestro buen Estado de bienestar», así le respondió el nuevo presidente socialista de Asturias, Adrián Barbón, en su propia investidura.
BANCO DE PRUEBAS DE CASADO / La historia de las rebajas fiscales de Madrid acumula ya 17 años, desde que la expresidenta Esperanza Aguirre (PP) se empeñó en convertir la comunidad en el laboratorio de las políticas liberales en el que ahora pretende seguir ahondando su excolaboradora Díaz Ayuso. Madrid es la comunidad con los impuestos más bajos. Y la mayor parte de líderes autonómicos distintos del Partido Popular creen que si Madrid se puede permitir este gancho electoral es por las ventajas que supone ser la capital, en términos de mayor dinamismo económico.
Esta mayor inercia económica permite al PP convertir a Madrid en banco de pruebas donde experimentar su ideología (menos impuestos, menos sector público, más iniciativa privada) sin gran riesgo de derrapar.
Con la rebaja fiscal que planea la presidenta madrileña el tipo máximo del IRPF se situará en Madrid en el 43%, lo que viene a significar nueve puntos por debajo del de Navarra (52%), seis puntos menos que en el País Vasco (49%) y a cinco de Cataluña (48%), Andalucía, La Rioja o Asturias. Madrid también es la comunidad con mayores bonificaciones en Patrimonio (100%), y en Sucesiones y con los tipos más bajos en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
NI ‘PARAÍSOS’, NI ‘INFIERNOS’ / «Madrid será una referencia a nivel nacional para cuando lleguemos al Gobierno nacional», proclamó Isabel Díaz Ayuso en un discurso aplaudido por el líder de los populares, Pablo Casado.
«Es una cuestión de preferencias políticas. Tanto subir como bajar impuestos son opciones legítimas. No tiene sentido hablar de insolidaridad o dumping fiscal cuando una comunidad opta por bajar impuestos. Ni tampoco lo tiene hablar de infiernos fiscales cuando otra decide subirlos», opina Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
«Los gobiernos de izquierdas tienden a subir los impuestos para prestar más servicios y mejorar la redistribución de la renta. Los de derechas tienden a gestionar con menos recursos a cambio de servicios ligeramente peores», añade Ángel de la Fuente, experto en finanzas autonómicas. Así, de acuerdo a la Ley de Estabilidad, cualquier rebaja de impuestos que adopte una administración exige un recorte de igual calibre en su techo de gasto, «y eso fácilmente redundará en la calidad de sus servicios públicos».
Lo mismo cabe esperar de las comunidades de Andalucía, Murcia o Castilla y León (también gobernadas por el Partido Popular con Ciudadanos y el apoyo de Vox, salvo en el último caso), cuyos nuevos presidentes han prometido rebajas fiscales «sí o sí». De este modo, sorprende sobre todo el caso de Murcia, la comunidad con más déficit público en el 2018 y la tercera con mayor nivel de deuda, por detrás de la valenciana, Cataluña y Castilla La Mancha, que no se permiten bajar impuestos.
Por su parte, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, (también del Partido Popular pero con un perfil menos vinculado al del expresidente José María Aznar, a diferencia de los presidentes populares de la nueva hornada) se mantiene mucho más prudente en cuanto a sus ofertas tributarias. Galicia no ha practicado rebajas en su IRPF rebajas de las del Estado, pero tampoco lo ha subido.
Precisamente para mantener y mejorar la calidad de los servicios es por lo que otras autonomías no pueden bajar impuestos. Cataluña tiene uno de los IRPF con mayores tipos de España y ahora, con unos presupuestos prorrogados, el Govern se ha visto en la necesidad de subir el gravamen de las hipotecas, el de las apuestas y otros para ingresar 88,2 millones y poder atender sus necesidades de gasto.
