El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimado dos recursos contenciosos que presentaron las compañías hoteleras Claris y Hotusa en el 2015 en contra del acuerdo de la Comisión de Gobierno que suspendía temporalmente el otorgamiento licencias para desarrollar actividades turísticas en la ciudad, en plena burbuja inmobiliaria.

La teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, ​​Janet Sanz, ha valorado positivamente la decisión del tribunal y ha defendido que el acuerdo fue "plenamente legal" y que esta "es una forma de funcionar de la propia ciudad". Asimismo, ha indicado que la decisión judicial "determina que no existió ningún tipo de vulneración del derecho a la defensa".

Le siguió el PEUAT

En este sentido ha recordado que la suspensión "era temporal" y que derivó en un proceso participativo donde "todo el mundo pudo su opinión y en Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico (PEUAT) aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona en enero de 2017, que suspendió el otorgamiento de licencias para alojamientos turísticos y contra el cual se interpusieron hasta 27 recursos.

Estas dos sentencias, que no son firmes, establecen que "el acuerdo era plenamente legal y se desarrolló de forma correcta, rigurosa y profesional", ha afirmado en declaraciones a los medios la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz.

Las cuestiones fundamentales de las sentencias, según Sanz, es que confirman que la comisión de gobierno era el órgano competente para aprobar dicho acuerdo y reafirman que éste "no es diferente" de otros que ya se aprobaron en gobiernos anteriores, como el encabezado por el exalcalde Xavier Trias, que también suspendió el otorgamiento de licencias para pisos turísticos en el 2014.

"Se confirma que esta es una forma de funcionar de la propia ciudad en base a las competencias legales que tenemos, y un instrumento para poder analizar y luego desarrollar un plan especial de regulación de usos", ha afirmado Sanz.

"Un buen inicio", según el ayuntamiento

Las sentencias también determinan que "no ha habido vulneración del derecho a la defensa" porque se trataba de una suspensión temporal de un año, prorrogable a dos, ni tampoco "omisión de trámite de audiencia", ha aclarado la concejala.

El acuerdo, así, "se adecuaba a lo que se quería sacar adelante" y estuvo exento de "arbitrariedad, desviación de poder y falta de motivación o justificación", ha añadido Sanz.

La teniente de alcalde se ha felicitado por estas dos sentencias, que considera "un buen inicio", y ha concluido que confirman lo que desde el equipo municipal siempre han manifestado: "Que hemos hecho las cosas bien hechas y que el PEUAT era necesario para poder desarrollar y defender la ciudad respecto a la burbuja turística".