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DESDE MADRID

Elecciones o dimisión

Si Torra se atrinchera, la crisis de Estado podría darse por segura y el Gobierno se quedaría colgado de la brocha en su nueva política para resolver el conflicto catalán / La expectativa es el regreso de la denostada judicialización si el 'Parlament' y el 'president' no obedecen al Tribunal Supremo y a la Junta Electoral Central

 

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, este viernes, reunido con los ’consellers’ de los departamentos implicados en la gestión de los efectos del temporal ’Gloria’. - EFE / QUIQUE GARCÍA

José Antonio Zarzalejos
25/01/2020

La sentencia del proceso soberanista del pasado 14 de octubre y los disturbios posteriores en protesta por las condenas del Tribunal Supremo influyeron sobre el 40% de los electores el 10-N perjudicando especialmente al PSOE, PP y Cs y favoreciendo a Vox. Esta es una de las conclusiones del análisis titulado 'Radiografía de unas elecciones no deseadas' (Catarata), presentado este jueves en Madrid, y elaborado por los analistas de Metroscopia, Francisco Camas y José Pablo Ferrándiz. El factor catalán, según exponen en la obra y reiteraron los autores, fue decisivo en los pasados comicios ("la cuestión territorial marca ahora el eje de la política española") y se proyecta con igual importancia en la legislatura ya en curso.

Si el Gobierno fracasa en la reconducción del denominado "conflicto político" catalán, la crisis de Estado podría darse por segura. Porque el Gabinete de Pedro Sánchez ha hecho una apuesta completa por tratar de resolverla hasta llegar a límites arriesgados. No solo ha firmado un acuerdo con ERC que en muchos de sus aspectos sustanciales se mueve en un limbo jurídico, sino que también ha lanzado ya el compromiso de reformar el Código Penal -aunque no esté explicitada esta iniciativa en el acuerdo con los republicanos- para, entre otros objetivos, reducir la punición del delito de sedición, lo que permitiría, por aplicación del principio de retroactividad de la norma penal más favorable, que los condenados por ese tipo (Oriol Junqueras y otros ocho) salgan de la cárcel antes de lo previsto.

Por si lo anterior no constituyese ya un auténtico desafío político, el presidente del Gobierno se ha avenido a reunirse con el de la Generalitat -ahora Quim Torra- asumiendo que ese encuentro consistía en una exigencia "previa" a la constitución de la mesa intergubernamental contemplada en el pacto entre el PSOE y ERC. A todas estas medidas hay que añadir la contención verbal de los miembros del Gobierno, la prudencia extrema (a veces excesiva) con la que se conducen en relación con las circunstancias que acompañan la política catalana y el silencio con el que Sánchez ha encajado la explosiva -sobreactuada e inconveniente- entrevista del presidente de ERC en el diario 'El País' del pasado 18 de enero, que, por la literalidad de algunas de sus expresiones ("la lección es que lo hicimos para poder volver a hacerlo"), tendrían capacidad de dinamitar el acuerdo de investidura y, en todo caso, de fortalecer la credibilidad del discurso de la oposición que impugna radicalmente la nueva estrategia gubernamental.

En este contexto de precariedad de la posición de Moncloa, la decisión de Torra de aferrarse al acta de diputado -y, eventualmente, a su condición dudosa de presidente de la Generalitat- cuando la Sala Tercera del Supremo ha ratificado la ejecutividad del acuerdo de la Junta Electoral Central que le retiraba la credencial como parlamentario autonómico por aplicación directa del artículo 6 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, podría conllevar que, además de suspenderse la entrevista con Sánchez prevista para la primera semana de febrero, regresase la judicialización penal que está tratándose de proscribir en el abrupto toma y daca en la relación entre Madrid y Barcelona.

Dos graves errores

Preservar las condiciones actuales para iniciar un proceso de reversión de la crisis catalana, requiere que Torra y JxC acepten que el presidente catalán cometió dos graves errores: desobedecer a la Junta Electoral cuando le ordenó retirar pancartas y lazos de los edificios oficiales de la Generalitat durante el período electoral y plantear una equivocada defensa jurídica de su comportamiento ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó por desobediencia a la pena de inhabilitación. Un delito contra la administraciones públicas que conlleva, por directo mandato legal y como ha dispuesto el Supremo, a que, sin que sea firme la resolución penal, se vea privado de su acta como diputado.

Los letrados del Parlamento catalán, que han ido y venido en sus dictámenes sobre la idoneidad de Torra para continuar al frente de la presidencia de la Generalitat sin retener la condición de diputado, no disponen de la solvencia que tendrían si ellos mismos en las alegaciones que dirigieron a la Junta Electoral Central no hubiesen afirmado (página 8 del escrito de 30 de diciembre del 2019) que para encabezar el Ejecutivo catalán resultaba precisa la condición de miembro de la Cámara legislativa. Por lo demás, esos informes, por mucho respeto técnico que merezcan, no pueden imponerse al criterio del Supremo ni a la decisión ejecutiva de la Junta Electoral Central. Ni pueden sustituir el criterio último de Roger Torrent al que esos funcionarios han terminado por remitirse.

Batalla sorda entre socios

Por descontado, este endiablado asunto concierne a la batalla sorda y permanente entre ERC y JxC. Pero la cuestión trasciende al escenario catalán e impacta de lleno en la viabilidad de la política gubernamental para Cataluña y en las posibilidades de desarrollo del pacto entre el PSOE y ERC, de tal modo que Torra no debería (y no habría que permitírselo) alzarse como un impedimento que convierta en inútiles los esfuerzos de unos y de otros por encontrar fórmulas de conciliación.

Y así, el presidente de la Generalitat tiene dos opciones: dimitir y que el Parlamento invista a otro miembro de la Cámara, o convocar elecciones de forma inmediata para resetear el estatus quo catalán que tiene una derivada fundamental en el conjunto de la situación española. Atrincherarse en su improbable magistratura de presidente de la Generalitat y aferrarse a su ya ilegal condición de diputado devuelve la situación catalana a la casilla de salida y deja al Gobierno colgado de la brocha. La expectativa volvería a ser la denostada pero inevitable judicialización.

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