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DESDE MADRID

La ensoñación catalana y las grietas del Estado

La pelea por el Poder Judicial y la regulación que propone el Gobierno recrudece la crisis de Estado. En Madrid se baraja la posibilidad de un acuerdo in extremis que evite la implosión del sistema

 

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, el 25 de septiembre, en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, en Barcelona. - EUROPA PRESS

José Antonio Zarzalejos
17/10/2020

Las clases dirigentes españolas están fragilizando el Estado que la sentencia del 19 de octubre del 2019 pretendió apuntalar con las condenas a los dirigentes políticos y sociales juzgados por los hechos de septiembre y octubre del 2017 en Cataluña. Es verdad que la pandemia del coronavirus ha salido al encuentro de la crisis institucional que ya padecíamos y ha creado una sanitaria de proporciones gigantescas y otra social y económica que no estaba en absoluto prevista. Pero los gestores de lo público y aunque no todos en la misma medida ni con el mismo nivel de responsabilidad en vez de agudizar el sentido de Estado, cerrar filas en lo esencial, debatir civilizadamente en lo más contingente, parecen haberse lanzado por un tobogán de despropósitos hasta el punto de que la "ensoñación" del proceso soberanista en versión del Tribunal Supremo podría transformarse en una iniciativa más corpórea y verosímil de lo que estimó la Sala Segunda y de lo que suponen los circuitos del poder estatal en Madrid.

Elsa Artadi no ha tenido inconveniente alguno en declarar (en 'El País' del pasado 11 de octubre) que ellos, los independentistas, buscan las grietas "para hacer más débil al Estado". La localización de sus fisuras y el hallazgo de sus aspectos más vulnerables son muy fáciles. Porque el sistema está abierto en canal de una manera obscena. Todo invita a caer en el malhumor que lleva a la antipolítica, al rechazo de las convenciones democráticas, a la aclamación de los "cirujanos de hierro", a los discursos trumpistas y al hartazgo que ha entregado el poder a líderes autoritarios en Hungría, Polonia o Brasil. A renegar de "esta" democracia suponiendo que hay otra mejor en un ejercicio entre revolucionario y adolescente de revisionismo histórico.

Todo el sistema se ha puesto más en cuestión desde hace un año. Faltaba que la crisis descarnada llegase hasta el Poder Judicial. Ya ha llegado. Por la combinación, en dosis desiguales, de dos posiciones irresponsables: la de la oposición al no negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, y la respuesta hiperbólica de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno con una proposición de ley que trata de establecer un remedio peor que la enfermedad que pretende combatir. Con una crisis en Cataluña de dimensiones históricas, que no ofrece visos de remitir, fragilizar el poder estatal que imparte justicia es una temeridad imperdonable.

Disminuir el régimen de mayorías parlamentarias reforzadas previstas o sugeridas por la Constitución para integrar el Poder Judicial diagnóstica una enfermedad política muy grave: la impotencia de que el sistema sea capaz de extraer de su propio funcionamiento la energía para renovarse. Implica, en otros términos, asumir que la maquinaria constitucional está gripada, que los consensos y la transversalidad de la convivencia no es posible y que hay que legislar con argucias y filibusterismos. El escenario ideal para un secesionismo que lleva clamando contra la "politización" de jueces y tribunales españoles desde hace ya años.

TOZUDO BLOQUEO DEL PP

La proposición de ley para modificar la ley orgánica del Poder Judicial gubernamentalizando su Consejo General es una sobrerreacción a un tozudo bloqueo del PP que aporta las dosis de irracionalidad propias de partidos que actúan a la contra y han abandonado la esperanza de regresar al Gobierno. Las formaciones de Estado se comportan de manera entendible y constructiva y los partidos que gobiernan no exacerban las limitaciones de la oposición. No se trata del fácil recurso de repartir culpas, sino de evitar el sectarismo que está creando tribus mediáticas tan irreductibles como las políticas.

Es muy serio el cuestionamiento de la monarquía parlamentaria; es grave la generalizada invasión de los poderes ejecutivos sobre los legislativos mediante las normativas de urgencia; es deplorable el pésimo funcionamiento de los mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas como se está observando en la gestión de la pandemia, resulta inquietante el horizonte social y económico de nuestro país advertido severamente por el Fondo Monetario Internacional, pero que en esta tesitura se ponga en cuestión también el Poder Judicial requiere de adjetivos todavía más severos y reprobadores.

La crisis de Catalunya es la crisis del modelo territorial plasmado en la Constitución e implica una disrupción histórica en la medida en que en 1978, las principales fuerzas catalanas coprotagonizaron el pacto de la Transición. Las crisis que se superponen a la creada por el secesionismo catalán lejos de diluirlo como algunos suponen lo alimenten y lo fortalecen. En este contexto, la "ensoñación" a la que se refirió la sentencia del Supremo y de la que se cumple un año, traducida en términos penales en delitos de sedición, malversación y desobediencia, podría reformularse y reverdecerse. Ahora los dirigentes de los partidos de la secesión en Catalunya están lógicamente ocupados por la gestión de la pandemia y preocupados, como todos, por sus consecuencias sobre la economía. Pero también se han enfrascado en un silencio observador. El espectáculo que están dando los partidos de Estado favorece la narrativa de la separación.

EL RIESGO 

La última hora en Madrid es que podría intentarse un acuerdo. El PP plantearía en otra proposición de ley la elección directa por los jueces de sus 12 vocales como en 1980 y como reclama la ortodoxia europea. Si entre los criterios del Gobierno y los de los populares no se alumbra una solución, el sistema corre riesgo de implosión: el PP habría forzado la situación más allá de lo admisible y el Gobierno de Pedro Sánchez habría llevado a España a integrarse en el grupo de Visegrado, que acoge a las democracias de muy segunda división en la UE. Aplausos desde Waterloo.

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