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Entidades de magistrados niegan que haya presos políticos

Jueces para la Democracia se desmarca y ve diferencias de trato

 

EL PERIÓDICO
05/11/2017

La Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente han salido en tromba en defensa de la independencia del poder judicial y han rechazado que se hable de «presos políticos» en España, tal y como desde los sectores independentistas están calificando a los políticos encarcelados. A través de un comunicado conjunto, estas organizaciones de carácter conservador denuncian las críticas recibidas tras el encarcelamiento preventivo del exvicepresidente Oriol Junqueras y de ocho exconsejeros de la Generalitat y reclaman respeto a las decisiones judiciales «ante los ataques y descalificaciones procedentes de determinados sectores».

En este sentido recuerdan que «España se define como un Estado social y democrático de derecho, en el que todos, ciudadanos y poderes públicos, estamos sometidos a la Constitución y a la ley, y en el que el ejercicio de la función jurisdiccional corresponde en exclusiva a jueces y tribunales independientes, responsables y sujetos únicamente a aquella».

TRATADO DE LA UE / En el texto aseguran que «hablar de presos políticos o directrices políticas en este país es desconocer el tratado fundacional de la Unión Europea, la Constitución y la esencia de la función judicial».

Asimismo, añaden que «es desconocer de manera interesada algo evidente» y recuerdan que su función «no es hacer las leyes» sino interpretarlas y aplicarlas cuando son aprobadas por las Cortes Generales, Asambleas de las Comunidades y organismos europeos competentes «actuando conforme a criterios de legalidad, no de oportunidad o conveniencia política, y menos aún al dictado de otros poderes o intereses».

JUECES PARA LA DEMOCRACIA / Por su parte, Jueces para la Democracia ha emitido otro comunicado en el que defiende, por contra, que las sentencias «están sujetas al escrutinio y a la crítica pública». La asociación muestra su preocupación por la «interpretación extensiva del Derecho Penal y limitativa de la libertad personal» y reitera la «excepcionalidad» de decretar «una medida tan gravosa como la prisión provisional», afirman.

Al mismo tiempo,esta asociación recuerda la existencia de otras medidas como la prestación de fianza, la retirada de documentos de viaje, la vigilancia policial o comparecencias periódicas.

Además, en el comunicado asegura que «resulta difícil de explicar la diferencia de trato de la misma querella en dos tribunales distintos», en alusión a los miembros de la Mesa del Parlamento catalán que debían declarar en el Tribunal Supremo y los del Govern cesado que lo hacían en la Audiencia Nacional, «donde en uno se ha considerado que había vulneración del derecho a la defensa y se ha otorgado a los querellados una semana para preparar la declaración, mientras que en el otro tribunal se les cita en un festivo y 24 horas antes de declarar».