Con lo que tiene de aventurado afirmarlo, la semana que hoy empieza tiene todo el aspecto de ser la decisiva. La que decidirá si ERC prestará su apoyo en forma de abstención o no a la investidura de Pedro Sánchez. Rien ne va plus. Está todo en la mesa. Todo aquello que iba a suceder y podía deshacer el camino andado en las reuniones previas, léase el fallo del TJUE sobre la inmunidad del europarlamentario Oriol Junqueras y el congreso de ERC, ya ha sucedido. Y si bien han generado alguna duda, puede decirse que ambas partes (republicanos y socialistas) lo han gestionado adecuadamente para acercarse al pacto. Así las cosas, tras el cierre del plácido cónclave republicano, la investidura se puso, de nuevo, a la cabeza de la fila de problemas políticos.
Tras una espera de casi 10 días, desde que los equipos negociadores se vieran las caras en Barcelona, ERC esperaba al final de la semana pasada la oferta definitiva del PSOE sobre la cuestión nuclear del pacto, la creación de una mesa entre gobiernos, que los republicanos quieren ex novo y los socialistas preferían encuadrara en el marco de la comisión bilateral que prevé el Estatut.
La oferta, según publicó La Vanguardia y confirmaron fuentes de la negociación a este diario, ya obra en poder de Esquerra, aunque el hermetismo sobre la bondad o no de lo ofrecido por los socialistas es total. Entre otras cosas porque la aceptación de que el plan del PSOE gusta, y desde la sede socialista de la calle de Ferraz se han encargado de explicar sotto voce que iba a encajar en los deseos de ERC, sería tanto como reconocer que el pacto estaba casi hecho.
CAMBIO DE PLANES / El casi corresponde, precisamente, a uno de los elementos que la semana pasada aportó. A pesar de que ERC, en un principio, no tenía pensado mezclar la negociación con el PSOE con los ecos de lo que fallara el Tribunal de Luxemburgo, la implacabilidad e impecabilidad de la sentencia y el pescozón a la justicia española que supuso, hizo cambiar los planes de la dirección republicana.
Así, el día en que se conoció el fallo, a medida que pasaban las horas, la exigencia de la libertad de Oriol Junqueras, en base a su condición de eurodiputado y a su inmunidad, fue perdiendo los visos de ensoñación partisana por acabar convirtiéndose en una reclamación lógica.
Además, la pronta salida al corte de la Fiscalía del Tribunal Supremo, a poco de conocerse lo dicho en Luxemburgo, para solicitar la inhabilitación de Junqueras como eurodiputado (reconocimiento tácito de la condición de parlamentario del republicano, a parte) molestó sobremanera a ERC. Y es que estos, obviamente, son conscientes de que el Gobierno no puede decretar la libertad de un reo, pero, a su vez, sí tienen muy presente que el Ejecutivo tiene mano en la fiscalía, vía el nombramiento del Fiscal General del Estado, y en la Abogacía del Estado.
Así, en apenas tres horas, y para evitar que la Abogacía también actuara por su cuenta y empantanara más la cuestión, ERC pasó de separar negociación y fallo a exigir un posicionamiento del Gobierno (que cumplió en poco más de a la hora) y otro de los abogados del Estado.
Este llegará en breve y el propio líder extramuros de ERC, Pere Aragonès, fijó, el sábado por la noche en TV-3, los extremos en que su partido desea que se pronuncie la Abogacía: exige que se posicione «cerca» de las tesis que defiende ERC de pedir la nulidad del juicio a Oriol Junqueras. La Mesa del Congreso se reúne hoy, y puede dar más de una pista sobre si la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, descarta finalmente o no convocar un pleno de investidura antes de la conclusión del ejercicio.
Y es que el fallo del TJUE ha abierto nuevas expectativas a los presos por el procés. Así, Jordi Turull, en una entrevista a Catalunya Ràdio, afirmó que sería «incomprensible y doloroso» que tras la sentencia de Luxemburgo la Generalitat (sobre quien recae la competencia) no diera el tercer grado a los reclusos. «¿Alguien entendería que sea el Govern el que diga que Junqueras debe estar en la cárcel cuando Europa reconoce su inmunidad?».
Pero para el exconseller, el caso de Junqueras es solo «la punta del iceberg» y recordó que él también era diputado (en el Parlament) y también fue vetado. «El Supremo atropella nuestros derechos», sentenció.
