Junts per Catalunya arremetió ayer contra ERC tras conocerse que los republicanos no contemplan que los líderes independentistas encarcelados obtengan los primeros permisos antes de Navidad. Esquerra prevé que la secretaría de Servicios Penitenciarios de la Generalitat clasifique a los presos del partido (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell) en el segundo grado penitenciario, que comporta permanecer todavía unos meses en prisión.

Posteriormente, explicaron fuentes de ERC, se trabajará para conseguir que se les aplique el régimen que marca el artículo 100.2 de la norma penitenciaria, que es el mismo que se le dio a Oriol Pujol. Se trata de una medida de semilibertad que permite al preso salir a trabajar o a realizar un voluntariado entre semana, pero durmiendo siempre en la cárcel. Así, según estos parámetros, los presos del 1-O no saldrían de la cárcel hasta mucho después de Navidad.

EL PIQUE / El partido no renuncia, sin embargo, a recurrir el segundo grado, ya que considera que a los presos se les debería conceder el tercero, que establece una semilibertad más amplia (ir a la cárcel solo a dormir entre semana). ERC alegó que no es habitual otorgar directamente ese tercer grado en condenas largas. Solo hay nueve precedentes en 18 años de que condenados a dos dígitos de cárcel hayan logrado el régimen abierto de entrada.

La posición de ERC provocó horas después una reacción contundente por parte de la defensa de los presos de JxCat. El abogado Jordi Pina abogó por clasificar de entrada en tercer grado a Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, y recordó que es la secretaría de Medidas Alternativas de la Consejería de Justicia, en manos de Esquerra, es la que tiene la «decisión final» sobre ese asunto. El letrado lamentó las informaciones que «pretenden justificar y normalizar» la clasificación de los internos en segundo grado penitenciario.

Las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, Mas d’Enric y Puig de les Basses propondrán esta semana la clasificación de los reclusos, decisión que Servicios Penitenciarios tiene dos meses de plazo para ratificar.

El defensor de los reclusos de JxCat aseguró tener el «firme convencimiento» de que la clasificación de sus clientes debería ser el tercer grado, teniendo en cuenta sus «circunstancias personales»: entorno social, la posibilidad de encontrar empleo, la no peligrosidad en la medida de que no actuaron con violencia, la falta de riesgo de reincidencia y no tener una responsabilidad civil que cubrir. La fiscalía tiene la potestad de recurrir la concesión del segundo o del tercer grado, así como la aplicación del artículo 100.2, como ocurrió con Oriol Pujol. El fiscal informó entonces que emplear ese artículo era un régimen abierto (tercer grado) encubierto.