A medida que se avanza en el calendario y se desbroza el camino de pandemias, al menos hasta que haya un indeseado rebrote, se va agigantando la clave de la legislatura española, los Presupuestos Generales del Estado, que de ser aprobados darán aire y estabilidad a Pedro Sánchez, como mínimo, un par de años, si no más, si se tiene en cuenta que aún se trabaja con los que aprobó el Gobierno del PP para el 2018.

ERC, el socio preferente de la investidura de Sánchez, es consciente, desde hace semanas, de la importancia de esa negociación. A su lado, los rifirrafes parlamentarios a cuenta de las prórrogas del estado de alarma no han sido más que movimientos tácticos donde unos y otros, PSOE y los republicanos, han delimitado el terreno de juego del futuro diálogo. Los republicanos votaron no dos veces, transmitiendo que no son un apoyo cautivo y que pueden dar al traste con las cuentas, como ya pasó hace dos años. Los socialistas se aliaron con Ciudadanos dando a entender que son capaces de construir mayorías alternativas sin contar con ERC. Lo que en ambos casos se conoce como marcar perfil. Pero un aspecto tienen en común: no se fían los unos de los otros.

Esquerra asume que estos presupuestos serán la última ocasión en la que pueden forzar al PSOE a pactar en meses. Tras los PGE, con la investidura y las cuentas en el bolsillo, prevén un distanciamiento y mayor frialdad ambas partes.

En cuanto a las peticiones, la transferencia a los Mossos de las competencias de tráfico, así como el pago de la deuda histórica del Estado con el cuerpo, el traspaso de la gestión de los puertos y aeropuertos.