No hace falta leer a Sherlock Holmes en El carbunclo azul para saber que la fuerza de una cadena se mide por la resistencia de su eslabón más débil. Paradójicamente, la pieza más robusta del movimiento independentista es la que corre más riesgo de convertirse, por su complejidad, en el punto más frágil. El músculo social, la reivindicación en la calle, ha sido el que ha llevado en volandas a los políticos, y de su comportamiento pacífico depende que no se rompa. Lo saben los grupos que replican denunciando «las provocaciones» del Estado y «la violencia policial»; también los que tratan de alzar una bandera blanca, y los que ayer en el Parlamento calificaban a sus rivales de «bomberos pirómanos» a raíz de los incidentes de los últimos días. Pero nadie cede.

Ciutadans incorporó a su propuesta de resolución una enmienda del PPC que incide precisamente en la violencia. Ese texto proponía «condenar enérgicamente los actos violentos en los que han desembocado las recientes concentraciones convocadas por ANC, Òmnium Cultural y los Comités de Defensa de la República» e instaba a rechazar «los destrozos en el mobiliario urbano, los cortes de carreteras y los ataques a cuerpos policiales». Solo el PSC lo avaló.

Pero al margen del negro sobre blanco de la iniciativa, el debate en torno a la convivencia planeó a lo largo de todo el pleno. El socialista Ferran Pedret lamentó que haya «sedes de partidos vandalizadas, difusión de datos personales, insultos, amenazas...», y enfatizó su llamamiento a «la empatía, la serenidad y la calma». «No permitamos que la rabia, la indignación y la impotencia dicten la actitud política», avisó Miquel Iceta, que recordó la advertencia de los Mossos de un posible «giro violento» de los acontecimientos que dificulte más «la reconciliación».

No fue el PSC el único en pedir que se calmen los ánimos, pero lo cierto es que los reproches entre unos y otros han acabado goleando a la reconstrucción de puentes. Una propuesta de resolución socialista en pos de la distensión sumó a los comuns, pero la mayoría independentista la rechazó criticando a Iceta por «mirar solo hacia un lado» a la hora de criticar malas praxis.

«Debemos volver a la convivencia, rota por la imprudencia de los partidos independentistas», proclamó Inés Arrimadas, quien condenó que parte del soberanismo «saque pecho de los señalamientos de personas». Recogió el centro el popular Alejandro Fernández para comparar a Iceta con el buenista Enrique Pastor de La que se avecina al «pasarse de frenada» con los indultos y los gobiernos de concentración. También cargó contra los independentistas por llevar al Parlament a «Arnaldo Otegi, uno de los históricos líderes de ETA, y presentarlo como un héroe de la paz. Eso no les convierte en terroristas, ¿pero creen que reconforta nuestros sentimientos?», se quejó.

La respuesta del otro flanco no fue más suave. Los cupaires se solidarizaron con «las víctimas de la violencia policial de los últimos días» y cargaron contra «la brutalidad del brazo ejecutor del Estado». El mismo camino argumental siguió Marta Madrenas (JxCat), que reclamó al bloque del 155 que «deje de negar la brutal opresión» y se las tuvo con Arrimadas cuando defendió que su ayuntamiento, el de Gerona, declarara persona non grata al delegado del Gobierno Enric Millo. «Son ustedes los responsables de avivar la fractura, de intentar que nos enfademos», recriminó Gerard Gómez del Moral (ERC). «Basta ya de reírse del sufrimiento de los otros», criticó mirando a la bancada de Ciutadans.

Tensión

Por la tarde, la tensión no cesó. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, presentó un informe que tacha «de desproporcionada» la actuación policial del 1-O por lo que Cs, PPC y PSC le han acusado de representar «solo a la mitad de los catalanes» y de promocionar un documento «proprocés», al tiempo que alega que «los debates parlamentarios no son de su competencia» en un escrito de los socialistas pidiendo amparo. JxCat, ERC y CUP hurgaron en que la intervención fue «un castigo colectivo» por «la vergüenza de un Estado represor».