El Gobierno español en funciones se ha comprometido ante Bruselas a adelantar el cierre presupuestario al mes de julio(cuatro meses antes de lo habitual) como una medida adicional de control del déficit público con la que España busca convencer a la Comisión Europea para que impongan a España una multa de entre cero y 2.100 millones de euros por incumplimientos de compromisos en el 2014 y el 2015.
Durante este tiempo, el ya escaso margen presupuestario de un Gobierno en funciones (con las inversiones públicas frenadas) se verá aún más restringido pues los pagos se tendrán que ceñir al máximo a atender los gastos corrientes y de funcionamiento -personal, prestaciones, suministros- así como los de carácter financiero (pago de intereses) y a atender las principales obligaciones con el resto de administraciones.
La medida tendrá como consecuencia indirecta el embalsamientode un abultadísimo volumen gasto cuyo compromiso se trasladará automáticamente al próximo ejercicio, el 2017.
ESCRITO DE ALEGACIONES
La medida presupuestaria se anuncia en el escrito de alegaciones que el Gobierno en funciones ha remitido a Bruselas en la noche del miércoles y en el que se recogen los principales argumentos y compromisos que ya había anunciado el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, este martes en Bruselas.
"Tan pronto se haya constituido el nuevo Gobierno, se adoptará y aplicará una reforma del Impuesto sobre Sociedades, con un impacto presupuestario estimado de 6.000 millones de euros en 2016. Además, se adoptarán medidas adicionales para luchar contra el fraude fiscal (1.000 millones de euros) y se adelantará el cierre del presupuesto de 2016 para controlar el gasto público", se afirma en el documento oficial.
"RAZONES DE PESO"
En el documento, España defiende que una multa sería "contraproducente" e "incoherente". "Existen razones de peso para no imponer una multa a España", se afirma en el texto impulsado por el ministro De Guindos, ya que "imponer una multa a España sería dar un paso en la dirección contraria de lo que Europa necesita". "En un momento de creciente incertidumbre y riesgos, tanto para la economía mundial como para los mercados financieros europeos, proteger la credibilidad del marco de gobernanza de la Unión Europea y de la zona euro resulta crucial en la formulación de la política económica", se añade haciendo una alusión indirecta al Brexit.
EL PROCEDIMIENTO
Las alegaciones ha sido presentadas este miércoles, dentro del plazo de diez días que se abrió el martes, hasta el 22 de julio, para que España presente argumentos que permitan que la multa aplicada sea de cero euros o, al menos, simbólica.
A finales de mes la Comisión Europea hará pública ya su propuesta de sanción que deberá ser sometida en fechas posterioes a la consideración de los ministros europeos de Finanzas (Ecofin).
También antes de que acabe el mes de julio se espera que la Comisión Europea haya negociado con el Gobierno español en funciones unanueva senda de objetivos de déficit público para el 2016 y el 2017 orientados a que el año próximo el desfase presupuestario de las administraciones públicas se sitúe por debajo del 3% del PIB y, en consecuencia, dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
MENOS INGRESOS POR LA REFORMA
"España reitera su compromiso firme e inequívoco de poner fin a la situación de déficit excesivo, situando su déficit público por debajo del 3% del PIB en el año 2017", se afirma de forma solemne en el texto de alegaciones.
El documento del ministro de Guindos atribuye el desvío del déficit a la caída de la recaudación. "Un elemento clave para explicar la desviación del déficit de 2015 ha sido que la recaudación impositiva resultó menor a la inicialmente prevista", se afirma. El ministro atribuye este hecho tanto a "una inflación inferior a lo estimado" como a "una reforma fiscalestructural" que, si bien ha servido para "reducir la cuña fiscal y a mejorar la distribución de la renta" ha restado capacidad a los ingresos. "Asimismo, se han puesto en marcha incentivos sociales para fomentar la contratación indefinida y reducir la temporalidad en el mercado de trabajo", se explica en el texto.
"Estas medidas, que pueden tener un impacto negativo a corto plazo sobre las finanzas públicas son esenciales para aumentar el potencial de crecimiento", según el Gobierno y junto a las reformas estructurales adoptadas han hecho posible que la economía española creciera el doble que la media de la zona euro en el 2015, "y se prevé que también en 2016 y 2017 se mantenga un crecimiento superior".
