Hace dos años, en marzo del 2014, el Parlamento Europeo aprobó tres directivas para la reforma de la contratación pública. El objetivo es hacer más eficientes, transparentes y homogéneas las normativas sobre contratación en la Unión Europea. La fecha límite que se estableció para que los estados miembros transpusieran la nueva normativa era el 18 de abril del 2016 y en este último día de plazo, España aún no ha cumplido.

Las tres directivas vinculadas a la contratación pública se aprobaron el 26 de febrero del 2014 y aparecieron en el boletín de la Unión Europea del 28 de marzo de ese mismo año. Dos de ellas, relativas a la contratación pública y a los contratos de concesión, son las que debería trasponer la reforma de la ley de contratos del sector público. Ni estas ni la que abarca los sectores de la energía y los transportes han pasado, si quiera, a debatirse en el Congreso.

En abril del 2015, el Gobierno central, a través de Hacienda, presentó un borrador de anteproyecto de ley de contratos del sector público a un período de observaciones que concluyó en mayo. Desde entonces no ha habido ningún avance, no han pasado por el Consejo de Ministros para convertirse en proyecto de ley y no han acabado en las Cortes para su debate y aprobación.

HASTA UN AÑO DE RETRASO

Con la convocatoria de elecciones generales del 20-D y el Gobierno en funciones, el texto ha quedado parado de forma definitiva y será el próximo Ejecutivo el responsable de continuar el proceso. Así, si se repiten comicios y teniendo en cuenta la complejidad de la norma y los tiempos parlamentarios, España podría acumular un retraso de un año en la trasposición de las directivas.

Hasta el momento, lo único que se ha aprobado por el Gobierno delPartido Popular ha sido la implantación del documento único de contratación, una recomendación europea que era voluntaria.

REPERCUSIONES PARA ESPAÑA

Las directivas europeas no se aplican hasta que el país las traspone en sus leyes propias. Esto quiere decir que están obligados a aplicarlas, pero cada Estado elige cómo hacerlo y con qué medios.

Si se incumplen los plazos, la Comisión Europea podría incoar un procedimiento de infracción o llevar al país ante el Tribunal Superior de la Unión Europea, si bien en la práctica estas medidas solo se toman en casos en los que su falta de aplicación afecte a derechos particulares.