Cinco años después de iniciada la investigación y apenas a un año de que deba darse por concluida, la trama Púnica arrolló a Esperanza Aguirre de tal forma que pasó a convertirse en la cabecilla de una red corrupta que hasta ahora parecía capitanear Francisco Granados, exconsejero madrileño y exsecretario general del PP madrileño.
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha recolocado la cima de la pirámide de responsabilidades de este caso que comenzó a investigarse en 2014 al atribuir en sendas resoluciones a la expresidenta madrileña el conocimiento y control de la caja b del Partido Popular de Madrid e imputarla en el procedimiento por todo el muestrario de delitos de corrupción: cohecho, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.
En opinión del magistrado, es “difícil de imaginar” y de “todo punto imposible” que ignorara que “los gastos de las campañas autonómicas del 2007 y 2011 y generales del 2008, por sus dimensiones escénicas y de medios” no excedieran “los costes legalmente autorizables, algo que era fácilmente perceptible”.
Tenía que conocer “la contabilidad en B que llevaba quien fuese su mano derecha y gerente del PPCM, el investigado Beltrán Gutiérrez, intervenida en las actuaciones, lo que, sensu contrario, la hacía presumiblemente también conocedora de las omisiones de la contabilidad electoral presentada ante la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas”.
CÓMO SE FINANCIABA EL PPCM
“Los diversos artificios que utilizó el PPCM desde las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del año 2007 para sufragar, al margen de las cuentas electorales, los gastos de los proveedores de las campañas, no es verosímil que todo esto ocurriese sin su conocimiento y consentimiento”, al ser presidenta del PP madrileño entre 2003 y 2013, además de presidenta regional desde la repetición de elecciones a la que obligó el ‘tamayazo’.
Para ello contó con Beltrán, pero también con el que luego también fue presidente madrileño, Ignacio González, principal imputado en el ‘caso Lezo’, y del hasta ahora considerado cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, por cuya fortuna en Suiza a través de los negocios que mantenía con el que era su amigo, el constructor David Marjaliza, estalló el escándalo.
Según el juez, protagonismo que adquirieron los investigados González y Granados “en la estructura descrita fue alentado aún más por Aguirre cuando separó, en diciembre del 2004, la titularidad de la Consejería de Presidencia respecto de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno”, para lo que nombró a Granados consejero de Presidencia y a González, vicepresidente Primero y portavoz del Gobierno, con lo que repartía “las empresas públicas de la CAM para dejar en manos de los las que manejaban mayor presupuesto y eficacia en la recaudación”.
De esta forma, Granados, también secretario general del PPCM, tenía a su disposición el suelo de la comunidad autónoma, a través de Arpegio, cuyo control mantuvo, pese a la “itinerancia extravagante de ida y vuelta” que sufrió la entidad. Según el auto, a través de esta empresa, el exconsejero de Presidencia, recibió “un cheque en blanco” en las adjudicaciones de la obra pública madrileña y de publicidad.
1%
El juez le atribuye a Aguirre el control sobre "el desvío continuado de fondos públicos utilizando los contratos de las Consejerías de Transportes y de Presidencia, a través de las partidas de publicidad licitadas de varias de ellas (2005-2010), por medio de las subvenciones públicas concedidas a Fundescam (2007-2011) y en los últimos tiempos, siendo todavía presidenta de la Comunidad, a través de las contrataciones de las empresas públicas ICM y Canal de Isabel II (2011-2014)".
Durante su mandato, autorizó a Beltrán a desarrollar "una continuada dinámica de falsedad electoral en la presentación de las contabilidades ante la Cámara de Cuentas de Madrid por las campañas autonómicas 2007 y 2011 y ante el Tribunal de Cuentas por la campaña a las elecciones generales del 2008". Entre los hechos que se investigan en la Púnica también figuran los trabajos de reputación en internet que realizó para ella el investigado Alejandro de Pedro durante los años 2011 y 2012.
Según describe el magistrado, el plan ideado por Aguirre en connivencia con González y Granados y el empresario Horacio Mercado "contemplaría incluir en los pliegos de los contratos que se licitarían desde algunas Consejerías madrileñas una cláusula que obligaba a la empresa contratista correspondiente a abonar hasta un 1% del presupuesto total del contrato para la contratación de publicidad de la obra pública adjudicada, como forma de desviar fondos".
