La elección por parte de las autoridades españolas de la represión para tratar de apuntillar, a ojos del mundo, un referéndum en Cataluña que llegaba al 1-O realmente en coma profundo ha colocado en el sector de indignados con el Gobierno a una parte de los que, hasta el sábado, apostaban por apoyar al Ejecutivo aunque fuera con tibieza. Tan cierto como que la decisión de Carles Puigdemont de abrir oficialmente la puerta a una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) hará complicado que, en el tablero político, haya una ruptura del bloque constitucionalista en estos momentos.

Se apuesta por preparar al Estado desde ya para el nuevo desafío. Aún así, Mariano Rajoy considera que debe afrontar la amenaza de una secesión bendecida por el Parlament sin un pero del PSOE y Ciudadanos por lo que, según confirmaron fuentes de la dirección popular a este diario, si detectara reticencias en sus reuniones con Pedro Sánchez o Albert Rivera se plantearía el adelanto de elecciones generales.

Así las cosas, el presidente ha convocado este mismo lunes a Sánchez y a Rivera, por separado, en La Moncloa. Quiere oir sus planteamientos para afrontar una crisis de dimensiones impredecibles. Pero Rajoy ya había adelantando a varios interlocutores políticos en las últimas semanas que si los independentistas se lanzaban a proclamar la independencia, respuestas de alto voltaje como la aplicación del artículo 155 de la Constitución estarían sobre la mesa.

Ley de Seguridad Nacional

Tampoco se descarta el uso de otra vía legal al alcance del Gobierno para poder tomar, coyunturalmente, las riendas de Cataluña: la que ofrece la Ley de Seguridad Nacional, pactada en origen por conservadores y socialistas, lo que en principio la haría más digerible para los del puño y la rosa, a criterio del PP.

Ha quedado claro que al PSOE, a diferencia de a Ciudadanos que quiere el 155 para poder convocar elecciones ya mismo en Cataluña, le incomoda llegar a la suspensión de competencias prevista en la Carta Magna. Aunque a estas alturas ya no descarten nada. “No es la única posiblidad”, ha insistido este lunes el secretario de organización de este partido, José Luis Ábalos refiriéndose al 155, que permitiría al Ejecutivo, con aval del Senado, acaparar las competencias de la Generalitat para garantizar el cumplimiento de la ley en el territorio.

Tribunal Superior o inhabilitación en el TC

Es cierto que el Estado tiene múltiples caminos para actuar. Además de la ya citada utilización de la Ley de seguridad (que otorga directamente al presidente del Gobierno capacidad para decretar que existe un problema de seguridad nacional en una zona concreta y tomar el control de la misma), está el ámbito de los tribunales de justicia. Si una Declaración Unilateral de Independencia echa a andar en el Parlament, es probable que, de entrada, la querella que ya existe en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra los que firmaron la convocatoria de la consulta del 1-O fuese ampliada.

En ese contexto, los posibles delitos de sedición e incluso de rebeldía (el primero penado hasta con 15 años y el segundo hasta con 25) a aplicar a las autoridades catalanas, con Carles Puigdemont a la cabeza, podrían entrar en juego. Bastante probable es que el Gobierno central decida aprovechar que está previsto un tramite parlamentario en la Cámara catalana para instar a actuar al Tribunal Constitucional a través de un incidente de ejecución de sentencia. Las competencias del Alto Tribunal, reforzadas en la última legislatura que el PP tuvo mayoría absoluta, le permitirían incluso inhabilitar a todos aquellos que considere responsables de la Declaración de Independencia. Si eso ocurriese, el Parlament tendría que elegir un nuevo president y, si no hubiera acuerdo, en dos meses se convocarían automáticamente comicios en Cataluña.

La esperanza del diálogo

Mientras el Estado se engrasa por lo que pueda ocurrir, los partidos afinan posiciones y preparan estrategias en sus respectivos cuarteles políticos, a la espera del resultado de esa ronda de contactos que Rajoy abrirá con Pedro Sánchez. Se estudian todos los escenarios posibles, incluido el que albergue alguna esperanza de crear una mesa de diálogo con Cataluña, o aquel en el que los independentistas opten por un camino intermedio que les lleve a una Declaración Unilateral, pero que no pueda ser considerada “de independencia” y que dé un margen a intentar a quienes, tras lo sucedido el 1-O, aún creen que hay margen para que la gravísima herida social que ha quedado al descubierto pueda ser cosida.