El comité de huelga de los examinadores de tráfico ha desconvocado este miércoles los paros que la mayoría de estos funcionarios venían manteniendo desde el pasado mes de junio en demanda de una subida salarial en el complemento específico de sus nóminas de 250 euros, una reivindicación que la Dirección General de Tráfico (DGT) trasladó sin éxito al Ministerio de Hacienda y Función Pública y que será una realidad en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 porque así se han comprometido todos los grupos del Congreso de los Diputados, salvo el PP.

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Joaquín Jiménez, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados junto con representantes de la oposición en la Cámara Baja.

De esta forma concluye un largo conflicto con 65 días de huelga de lunes a miércoles desde el pasado 19 de junio, excepto agosto, que ha supuesto el aplazamiento de más de 210.000 exámenes prácticos para obtener el carné de conducir y pérdidas de más de 90 millones de euros para los centros de formación vial, según señalaron a Servimedia fuentes de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).

Tanto la DGT como el comité de huelga acercaron posturas en una reunión mantenida el pasado 14 de noviembre, pero el conflicto se enconó después de que el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, anunciara después que impondría el 50% de servicios mínimos si la huelga se prolongaba en diciembre. Los examinadores redoblaron el pulso registrando la documentación pertinente para ampliar los paros este mes.

Representantes de la DGT y del comité de huelga de los examinadores volvieron a reunirse en Madrid el 28 de noviembre, donde desde Tráfico reiteraron que decretarían el 50% de servicios mínimos, que los examinadores rechazaron al no considerar los exámenes prácticos para sacarse el carné de conducir como un servicio esencial, por lo que anunciaron que lo recurrirían a los tribunales. Sin embargo, en la reunión hubo avances en las negociaciones y la puerta quedó abierta a un acuerdo.

Entonces, los examinadores entendieron que la DGT no podía subirles el sueldo y una delegación del comité de huelga se reunió al día siguiente con los portavoces de todos los grupos de la oposición en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, un encuentro que resultó clave para la resolución del conflicto.

La huelga ya estaba cerca de llegar a su fin después de que la oposición se comprometiera por escrito a llevar a los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2018 la subida salarial de 250 euros en 14 pagas que venían reclamando los examinadores desde hace meses.

Sin embargo, la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) presentó el martes de la semana pasada un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para pedir la suspensión cautelar del 50% de servicios mínimos de la huelga, que fue desestimado por este órgano judicial.

El penúltimo episodio del conflicto tuvo lugar este miércoles en el Pleno del Senado, donde el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, subrayó que el Gobierno se ha preocupado "mucho" en ofrecer mejoras económicas y profesionales para los examinadores de tráfico, pero añadió, aludiendo al colectivo examinador en huelga: "Hay quien no está poniendo absolutamente nada de su parte".