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El desafío soberanista

Los exconsellers y los ‘Jordis’ tendrán que esperar al lunes

La fiscalía sostiene que la mayoría de ellos debe continuar en prisión preventiva. El juez tomará la decisión sobre su libertad en la víspera del inicio de la campaña del 21-D

 

El expresidente Artur Mas acudió ayer a la puerta del Tribunal Supremo. - JUAN MANUEL PRATS

EL PERIÓDICO
02/12/2017

Todo estaba listo para su excarcelación: dinero para hipotéticas fianzas y minibuses para dirigirse a las cárceles madrileñas de Estremera, Soto del Real o Alcalá Meco, donde están internados el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros catalanes desde el 2 de noviembre, y los líderes de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) desde el 16 de octubre. Pero todo quedó aplazado al lunes. Hasta la mañana del día en el que a las 24.00 horas dará comienzo la campaña electoral para las elecciones del 21-D no se sabrá si el cabeza de lista de ERC y el número dos de Junts pel Catalunya podrán participar en ella desde la calle.

El juez del Supremo Pablo Llarena escuchó ayer sus argumentos para defender su puesta en libertad. Con unas u otras palabras acataron el artículo 155, aunque no compartan cómo se aplicó, porque tras su aplicación no hicieron actos de partido ni se han fugado y comparecieron ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ya como exconsellers. También de una forma u otra renunciaron a volver a recurrir a las vías unilaterales al mostrarse dispuestos a actuar dentro de los cauces de la Constitución que, sostuvieron, son flexibles y dejan margen para la controversia política y para alcanzar su objetivo de una futura república catalana. Raül Romeva y Carles Mundó, por ejemplo, apelaron a la vía escocesa, lograda desde el diálogo. Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre si Junqueras también lo hizo.

Pero para la fiscalía sus palabras no contenían el compromiso suficiente para entender invalidado el riesgo de reiteración delictiva y poder modificar su situación personal. Por eso, la exfiscala general del Estado Consuelo Madrigal y el fiscal Jaime Moreno defendieron que sigan en prisión, circunstancia que, entienden, debe prevalecer sobre la incipiente campaña electoral. En su informe de conclusiones, en el que recordaron la huida del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para negar que se haya conjurado el riesgo de fuga, diferenciaron entre la responsabilidad de Mundó, Dolors Bassa y Meritxell Borrás de la del resto. A estos tres les situaron en un plano inferior, lo que facilita el camino del juez Llarena para imponerles una medida cautelar menos gravosa que la prisión.

La acusación que ejerce Vox también informó en contra de la libertad. «Una parte importante del gobierno golpista de la Generalitat está huido. Además, la reiteración delictiva no ha sido negada por ninguno de ellos, porque, a preguntas de esta acusación, ninguno negó que quiere la independencia de Cataluña, aunque a partir de ahora sostengan, en fraude de ley, que lo harán por vías democráticas», explicó el abogado y secretario general de esta formación de extrema derecha, Javier Ortega.

«EXCEPCIONALIDAD» / Por su parte, el abogado Jordi Pina, que representa a varios de los candidatos de Junts pel Catalunya, explicó que planteó al juez Llanera que tenga en cuenta esta «situación excepcional» para que puedan concurrir en igualdad de condiciones y «los ciudadanos tengan las mismas posibilidades de escuchar los argumentos de todos los candidatos que concurren».

A diferencia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara catalana querellados el 9 de noviembre, ni Junqueras ni Romeva quisieron responder a la fiscalía. Sí lo hicieron Mundó y Bassa, al igual que Josep Rull y Jordi Turull, que se negaron a contestar a Vox, al igual que el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el ex de la ANC y actual número dos de Junts pel Catalunya, Jordi Sànchez. Sí respondieron a todo Joaquin Forn y Meritxell Borràs, la única que no seguirá en política.