Cuatro de los cinco exmiembros de la Mesa del Parlament procesados por desobediencia por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena citados este lunes ante él han aprovechado su comparecencia para remitirse a la inviolabilidad parlamentaria que creían que les amparaba al permitir la tramitación de las leyes de desconexión. Según explicó el propio Lluís Guinó a los medios, tanto él como Anna Simó y Lluís Maria Corominas se remitieron a la declaración que prestaron ante el magistrado en noviembre. De hecho, han estado tan poco tiempo ante el juez que prácticamente solo se han podido remitir a ratificarla. Por su parte, Joan Josep Nuet insistió en que como votó en contra de las leyes no desobedeció al Tribunal Constitucional.

Guinó explicó que la Mesa del parlament ejecutaba actos de trámite parlamentario y que eso les protegía o creían que "les podía protegar la inviolabilidad parlamentaria". Salvo la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, procesada por rebelión, la decisión de la Mesa de permitir la votación de las leyes del referéndum y la de transitoriedad jurídica hacia la república catalana supuso el procesamiento por desobediencia de quienes componían dicho órgano de la Cámara.

Los tres exmiembros de la Mesa también han anunciado que solicitarán al juez Llarena que les levante las medidas cautelares que les impuso en noviembre, especialmente, la obligación de realizar comparecencias semanales en el juzgado y la retirada de pasaporte, lo que les impide viajar fuera de la Unión Europea. La también citada Ramona Barrufet ha solicitado realizar el trámite por videoconferencia, por motivos médicos, y el magistrado ha optado por aplazar su comparecencia.

CRÍTICAS A LA QUERELLA

El último en comparecer ante el magistrado ha sido Joan Josep Nuet, que es quien más tiempo ha estado declarando ante el magistrado, ya que ha contestado a todas las partes, salvo la acusación que ejerce Vox. Nuet insistió en que votó en contra de las leyes tramitadas, por lo que no desobedeció al Tribunal Constitucional.

Según el diputado Catalunya En Comú Podem, "la querella adolece de conocimiento de cuáles son los mecanismos parlamentarios en los que se debaten ideas políticas que cuando se convierten en leyes pueden ser suspendidas por el Tribunal Constitucional". En su opinión, en este caso se ha modificado la tradición parlamentaria de los últimos 40 años, al introducirse "el debate previo y la constitucionalidad previa".

En este sentido, sostuvo que "los miembros de la mesa de un Parlamento no son expertos constitucionalistas y pueden presentar dudas y facilitar trámites que después pueden ser suspendidos. Estas suspensiones luego se acatan y no pueden ser acusados de forma previa de querer desobedecer al Constitucional". Añadió que "solo pueden ser acusados a posteriori cuando no hayan aceptado las sentencias del Constitucional, que no ha sido el caso. Es un elemento importante, que el sistema democrático tiene un funcionamiento y que los jueces lo conozcan. Los parlamentos van a continuar teniendo que hacer debates parlamentarios complejos. Eso no quiere decir que a partir de ahora vaya a haber cosas prohibidas de las que no se pueda hablar".