La exdirectora financiera de Canal de Isabel II María Fernanda Richmond ha aprovechado su comparecencia en la Audiencia Nacional para pedir al juez Manuel García Castellón poder defenderse de la imputación que pesa sobre ella por el 'caso Lezo' "desde la libertad", informaron fuentes jurídicas.

Richmond se encuentra en prisión, eludible con una fianza de cuatro millones de euros, desde el pasado 20 de abril por su responsabilidad en la adquisión de Emissao Engenharia e Construçao, filial sudamericana de la empresa pública madrileña, operación que, según la fiscalía, produjo pérdidas a las arcas públicas de 25 millones de euros.

La exdirectora financiera ha declarado alrededor de dos horas y media ante el instructor de la causa, al entender que sus explicaciones, tras pasar la noche en el calabozo y el día entero en la Audiencia Nacional, podían ser mejoradas con documentación y tras revisar los hechos y su responsabilidad en el Canal. Además, así también podía declarar ante García Castellón, quien cuando fue detenida aún no era el juez del caso. Lo asumió en sustitución de Eloy Velasco, al ser este magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

MISMAS CONDICIONES QUE EL JEFE

La imputada ya había solicitado una rebaja de la fianza que entiende imposible de pagar. En su petición planteaba que sus condiciones fueran las mismas impuestas a su superior en el Canal. El exgerente de la empresa pública Adríán Martín se encuentra en libertad tras pagar la fianza de 100.000 euros que le fue impuesta.

La Fiscalía Anticorrupción llegó incluso a pedir prisión incondicional para ella, ya que entendía que su implicación fue fundamental para la trama. En el sumario constan varias conversaciones entre ella y el exconsejero de La Razón y exresponsable de la filial sudamericana del Canal Edmundo Rodríguez Sobrino donde parecen ser conscientes del fraude que se está cometiendo. Rodríguez Sobrino también ha solicitado declarar ante el juez García Castellón y lo hará en los próximos días. Previsiblemente, lo hará el próximo día 11.

La Comunidad de Madrid denunció en su día que la compra de Emissao se llevó a cabo en el 2013 a través de un complejo entramado financiero, cuando Ignacio González presidía la comunidad y Salvador Victoria, la entidad pública. Se pagaron 21,4 millones de euros, y medio año después su valoración fue de solo cinco. La fiscalía cifra las pérdidas para las arcas públicas en 25 millones de euros.