La Mesa del Congreso de la 14ª legislatura se constituyó ayer y de ella forma parte la extrema derecha. Vox obtuvo la vicepresidencia cuarta del órgano que se encarga de calificar y ordenar los debates parlamentarios. El partido de Santiago Abascal consiguió ese puesto gracias al voto de sus 52 diputados y a que no hubo ningún pacto para excluirlo. El PP lo descartó porque ve mal negar la entrada a un partido «constitucional y que defiende la unidad de España» y el PSOE, finalmente, prefirió asegurarse para sí mismo la vicepresidencia primera y no repartir sus apoyos entre varios candidatos para vetar a los ultras.

La larga jornada parlamentaria empezó con la elección de la presidencia, que revalidó la socialista Meritxell Batet. Después, en sendas votaciones, se escogieron al resto de miembros de la Mesa: cuatro vicepresidencias y cuatro secretarías. Cada diputado escribió un nombre en un papel. Los cuatro más votados en cada caso fueron los elegidos. El órgano tendrá una mayoría progresista de seis contra tres, ya que la falta de entendimiento entre las derechas (PP, Vox y Ciudadanos) permitió a Podemos llevarse un puesto más del que esperaba. El reparto quedó así: el PSOE, tres asientos (presidencia, una vicepresidencia y una secretaría); Podemos, tres (una vicepresidencia y dos secretarías); el PP, dos (una vicepresidencia y una secretaría), y Vox, una (una vicepresidencia). Los reproches cruzados entre Vox y PP por no haber alcanzado un acuerdo entre ellos no tardaron en trasladarse a los pasillos del Congreso.

VICEPRESIDENCIAS / En el turno de las vicepresidencias llegó el momento de ver hasta qué punto el cordón sanitario a Vox que propugnaban PSOE y Podemos iba a surtir efecto. El PP ya había advertido de que no iba a participar. Los conservadores ofrecieron el lunes ayuda a los ultras para asegurarse una vicepresidencia siempre que los de Abascal colaboraran a su vez en que Ciudadanos obtuviera una secretaría. Los de Vox se fueron a dormir rechazando ese plan ya que defienden que, al ser la tercera fuerza esta legislatura con 52 escaños, se merecían dos cargos por tradición parlamentaria. Ciudadanos, subrayaron, solo tiene 10 diputados. Los radicales habrían necesitado la muleta del PP si el PSOE hubiera estado dispuesto a perder la vicepresidencia primera, pero los socialistas no lo hicieron y los de Vox consiguieron que Gil Lázaro fuera el cuarto más votado.

Fuentes del PSOE remarcaron que la vicepresidencia primera tiene demasiado simbolismo como para corre rel riesgo y dejarla en manos de otros partidos. Alfonso Rodríguez de Celis será el que la ocupe y sustituya a Batet siempre que sea necesario. La segunda la ganó Pastor (PP) y la tercera, Gloria Elizo (Podemos).

En último lugar, en la votación de las secretarías, el PP mantuvo su decisión de intentar que Ciudadanos lograra una y repartió sus votos entre el candidato popular (Adolfo Suárez Illana) y el naranja (José María Espejo-Saavedra). Mientras, el partido de ultraderecha votó a su propio aspirante (José María Figaredo). Esa división de los tres partidos de la derecha impidió que tanto Ciudadanos como Vox lograran una secretaría, que finalmente se llevó Podemos. El reparto quedó así: Gerardo Pisarello (Podemos), Sofía Hernanz Costa (PSOE), Javier Sánchez Serna (Podemos) y Suárez Illana (PP). La jornada dejó claro el difícil rol que tiene Pablo Casado por delante. No quiere vetar a Vox, pero tampoco piensa pactar siempre con la ultraderecha para marcar distancias.

Con la constitución de las Cortes regresó el recurrente debate sobre las fórmulas para acatar la Constitución. ERC y JxCat repitieron el esquema de la pasada legislatura y, apenas seis meses después de la última vez, prometieron de nuevo hacer cumplir la Carta Magna por «los presos políticos», «los exiliados» y «la República Catalana». Sin olvidar la ya usual coletilla «por imperativo legal». «En lealtad primera y última a nuestro pueblo» fue el modelo escogido por los dos parlamentarios de la CUP. El acatamiento, aceptado por Batet, molestó a PP, Vox y Cs que aseguraron que supone ir en contra de la legalidad. Casado, Abascal e Inés Arrimadas anunciaron que tomarán medidas legales.