La fiscalía rechaza la semilibertad otorgada por la junta de tratamiento de la prisión de Brians 1 a Oriol Pujol, condenado a dos años y medio de prisión por el cobro de comisiones ilegales. En su escrito remitido al juzgado de vigilancia penitenciaria, el ministerio público sostiene que el exdiputado de CiU ha recibido un «trato privilegiado», cuando lo «único excepcional» en este caso es que es hijo del expresident Jordi Pujol, que fue miembro «destacado durante muchos años del partido fundado por su padre y que dicho partido es antecedente directo del que actualmente gobierna la Generalitat».

En un duro alegato, el fiscal Javier Faus detalla que «a ningún ciudadano del país se le escapa» que la concesión inicial del tercer grado penitenciario a Oriol Pujol (únicamente iba a la cárcel a dormir) y, tras su revocación, el permiso para que salga de la cárcel a trabajar y a participar en actos de voluntariado «se debe a la decidida voluntad de la Administración de que el interno permanezca el mínimo tiempo posible en prisión».

En su opinión, esta decisión es «poco respetuosa» con las resoluciones judiciales, pues se le otorgó este nuevo estatus (en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario) una semana después de la anulación del tercer grado que le había concedido la Generalitat. Desde el 3 de junio, el exdirigente de CiU puede salir del centro de lunes a sábado de 8.00 a 22.00 horas.

CODICIA Y AVARICIA / La fiscalía insiste en que el delito cometido por Oriol Pujol es de «especial rechazo social» y que la conducta del exdiputado fue «muy grave», ya que se trata de un caso de corrupción política. A eso hay que añadir, según el ministerio público, que le fue denegada en su día la suspensión de la condena a prisión, al tomar en consideración que el expolítico se aprovechó de sus cargos en su propio beneficio y que no fue una actuación aislada, sino que perduró en el tiempo. Actuó de esta manera, detalla, «por mera codicia y avaricia».