La fiscalía belga solicitará hoy al juez la entrega a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por los delitos sedición y malversación, los delitos que recoge la euroorden en su contra reactivada tras la sentencia, por la que está citado esta mañana ante un juzgado de primera instancia en Bruselas.

Según avanzó el abogado belga Simon Bekaert, uno de los letrados de Puigdemont, la extradición figura en alegaciones escritas ya presentadas ante el tribunal por parte de la fiscalía, un criterio en sintonía con el Tribunal Supremo español. La fiscalía, siempre según Bekaert, considera que, «a primera vista», Puigdemont puede ser entregado a España por estos dos delitos, para los que, según la normativa de la euroorden, tiene que encontrarse una equivalencia en la legislación penal de Bélgica.

La defensa del expresidente de la Generalitat tiene previsto solicitar un aplazamiento de la vista para poder presentar observaciones por escrito sobre asuntos como la inmunidad parlamentaria que alega Puigdemont como miembro electo del Parlamento Europeo, algo que rechazan la propia Eurocámara, la Comisión Europea y España. Si la justicia belga concede este aplazamiento, la vista podría posponerse hasta el mes de diciembre.

A partir de esa vista, el tribunal decidirá si acuerda la entrega o no del líder de JxCat, decisión ante la que cabe recurso en apelación, primero, y en casación, después. El plazo normal del proceso es de un máximo de 60 días que pueden ampliarse a 90, si bien podría prolongarse excepcionalmente más allá de los tres meses.

A la vista podrá asistir Gonzalo Boye, el coordinador de la defensa internacional de Puigdemont y abogado también del actual presidente de la Generalitat, Quim Torra. La jueza María Tardón ha imputado a Boye en el marco de una investigación por presunto blanqueo de dinero relacionado con el narcotraficante gallego Sito Miñanco, cliente del letrado. Boye quedó en libertad tras declarar ante la jueza y ha asegurado que la Fiscalía Antidroga no encontrará «ningún indicio de criminalidad porque no lo hay». Puigdemont relacionó con su euroorden la causa que afecta a su abogado.