El juicio contra Josep Lluis Trapero y la excúpula política de la policía de la Generalitat "no ha sido contra los Mossos d'Esquadra, con los que hemos trabajado y espero que sigamos", ha asegurado en su informe final el fiscal Miguel Ángel Carbajo en la vista que se reanudado este lunes en la Audiencia Nacional. A su entender, la actuación de la policía de la Generalitat "fue básica para dotar de apariencia institucional y ejercicio de un derecho democrático el 1-O, cosa que no existió." "No hicieron una actuación contundente", precisó, para añadir que "la excusa de mantener la paz social ha sido un mantra que se ha sentido durante el juicio (...) los Mossos no actuaron para evitar el referéndum".

Los fiscales está defendiendo este lunes en su informe final en la Audiencia Nacional sus argumentos para acusar al mando policía y al exdirector general del cuerpo policial Pere Soler y al exsecretario de la Consejería de Interior César Puig de presunta sedición, después de que desistieran de seguir atribuyendo a los exaltos cargos el delito de rebelión en consonancia con la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas por el procés. La acusación pública ha dejado abierta, además, la puerta para que ningún encausado ingrese en la cárcel , introduciendo como pena alternativa la desobediencia, delito que está solo castigado con multa e inhabilitación.

En cuanto a las condenas solicitadas no supone un gran cambio, porque para los tres principales acusados la petición fiscal inicial era de 11 años de prisión y con la sedición, al aplicarles el tipo agravado de las autoridades, solo ven reducida la propuesta de pena en un año. La intendente Teresa Laplana estaba ya acusada de sedición y no ha visto modificada la petición fiscal: cuatro años de cárcel. Pero también está afectada por la propuesta alternativa de desobediencia. Con este delito no habrá pena de cárcel para ninguno de los cuatro acusados, ya que la petición fiscal por él es de un año y ocho meses inhabilitación para cargo público y de multa de 60.000 euros para Trapero, Soler y Puig, y un año de inhabilitación y multa de 30.000 euros para Laplana.

UNA DEFENSA CONTUNDENTE

Tras el informe fiscal, será el turno de las defensas. Trapero desplegó una línea contundente desde que declaró como testigo ante el Tribunal Supremo, al esbozar un plan para detener al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si así le era ordenado tras la declaración unilateral de independencia por la fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a los que incluso mandó sendas cartas para ponerse a su disposición.

La fiscalía, sin embargo, sostiene que Trapero, Puig y Soler, así como el entonces consejero de Interior Joaquin Forn idearon conjuntamente los pasos a segui5 durante los días 29 de septiembre hasta el día 1 de octubre. Así, a su entender, aparentando el cumplimiento de las órdenes recibidas del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial, diseñaron un plan de actuación fraudulento, en cuanto que deliberadamente ineficaz para la jornada del referéndum unilateral, proviendo la inacción y dejación de funciones de los miembros de los Mossos. De esta manera, subraya, contribuyeron de forma decisiva a la movilización ciudadana que, con su fuerza coaxtiva, pretendía el cumplimiento de sus objetivos secesionistas, en el marco de un proceso tutelado por un cuerpo policial armado como los Mossos.