El magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza, propuesto por el gobierno para ser fiscal general del Estado, aseguró hoy que su autonomía “está garantizada”. “Y tengo la confianza absoluta de que tanto el Gobierno como el ministro de justicia me van a respetar en esa autonomía”, aseveró en la comisión de justicia que ha evaluado hoy su idoneidad para ejercer el cargo antes de su nombramiento en el próximo Consejo de Ministros.

En un tono muy cercano, similar al que utiliza en las múltiples clases y conferencias que imparte, algo que le fue reprochado por algunos de los portavoces parlamentarios, Maza distinguió entre “imparcialidad”, que según dijo será su camino, y “autonomía”, para asegurar que después de “40 años celebrando juicios” sabe lo que una persona “transmite” y así lo había hecho con él el ministro Rafael Catalá.

Una afirmación que tendrá que ser confirmada cuando se ponga manos a la obra en la Fiscalía General del Estado, a la que llega para reemplazar a Consuelo Madrigal, que fue nombrada tras la renuncia de Eduardo Torres-Dulce, decisión que nunca se libró de la polémica sobre las relaciones mantenidas entre el Gobierno y el ministerio público.

Precisamente, el futuro fiscal general quitó hierro al último episodio vivido en este sentido en el que se ha criticado al ministro por decir que la Fiscalía podía recibir órdenes del Gobierno. Maza lo atribuyó a un error de expresión y aseguró que “el ministro puede dirigirse al ministerio fiscal en una saludable y lógica relación institucional”. “Tampoco pretendamos que sean enemigos”, zanjó.

En su declaración de principios inicial ya había anunciado que defenderá el “carácter autónomo” que la Constitución exige a la Fiscalía, que “no debe recibir órdenes ajenas y debe obrar al margen del deseo de otros”. E hizo hincapié en que no se dejará “someter a presiones”. “Me equivocaré, pero yo solito y responderé de mis equivocaciones”, aseguró.

Como contrapartida, esa autonomía implica “un exigente sentido de la responsabilidad de sus actuaciones” para “adoptar la decisión que crea más adecuada y que le obliga a responder por ella”.

POLÍTICOS CATALANES

A diferencia de Madrigal, no quiso adelantar la actuación de la Fiscalía en los diferentes procedimientos judiciales abiertos contra políticos catalanes por motivos tan diversos, como la querella presentada contra la presidenta del Parlament por desobedecer al Tribunal Constitucional o contra alcaldes catalanes por abrir los consistorios en festivos nacionales.

“Yo no me puedo pronunciar. Esperen a mi actuación y se dirigirá por los principios” que, en su opinión, son básicos para un fiscal general del Estado: esfuerzo, honestidad, sensibilidad, tanto para con las víctimas como para los justiciables, valor y prudencia.

A su juicio, “hay problemas que pueden ser tratados por muchos ámbitos y a cada uno le corresponderán sus soluciones. El ámbito del fiscal es el cumplimiento de la ley y cuando estudie ese caso”, decidirá cuál es la mejor actuación siempre según lo establecido en el Código Penal.

CORRUPCIÓN

En cuanto a la corrupción, el futuro fiscal general dijo estar “orgulloso de que en este país tanto las instituciones como los ciudadanos hayan sido capaces de sentirse escandalizados por la corrupción y las instituciones hayan dado una respuesta contundente a este problema”, y se “estén consiguiendo resultados excelentes”, al haber logrado que se reduzca.

El futuro fiscal general terminó su intervención pidiendo a los legisladores que “entren en la historia” y acaben con el “sistema inquisitivo” judicial español y entreguen la investigación a la Fiscalía, como habían previsto en los intentos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tanto el Gobierno del PSOE como el del PP.