L a fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que centre en la sociedad mercantil Neurona Consulting la investigación abierta sobre presunta financiación irregular de Podemos a raíz de los hechos denunciados por el exabogado de esta formación, José Manuel Calvente. En opinión del ministerio público, solo debe seguir adelante con la parte de la investigación relativa al contrato suscrito ente el partido y Neurona para las elecciones del 28 de abril porque el resto de asuntos incluidos en las actuaciones son «rumores, sospechas o suspicacias» sin datos que los corroboren y acordar una batería de diligencias a partir de ellos resultaría «completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática».

Calvente, que trabajó como abogado de la formación entre agosto del 2014 y el pasado mes de diciembre, denunció varios asuntos: el destino de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso «inconsentido» al contenido del disco duro de la abogada Marta Flor Núñez; la licitación irregular de obras, sobre todo la adjudicación «a dedo» de las de un inmueble en la calle Francisco Villaespesa de Madrid, y la contratación fraudulenta de gastos de campaña y cobro de comisiones a través de Neurona Consulting y ABD Europa.

La fiscalía solo aprecia la existencia de «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo» para una investigación judicial en el contrato firmado con Neurona, porque los demás extremos de la denuncia, de ser ciertos, solo merecerían reproche ético. El fiscal afirma que de la información bancaria remitida resulta que en fechas próximas a las elecciones de abril del 2019 Neurona hizo abonos a una mercantil de tecnología digital con sede en Dallas (Creative Advice Interactive) por importe de 308.257 euros y «las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores».

La fiscalía rechaza anular las actuaciones, como pedía Podemos, alegando que no consta en la causa la grabación completa de la declaración de Calvente, porque «no tiene más que solicitar una copia». Tampoco considera ilícita la documentación sobre cuestiones internas que aportó a la causa, porque no se incluían «en el secreto profesional».

Calvente también se refería a otros actos, como el cierre del portal de transparencia incumpliendo los Estatutos, que para el fiscal «es claro que no revisten caracteres de delito», lo que también entiende que sucede con los complementos salariales y la suficiencia de la justificación de los gastos realizada por los miembros del partido. H