El fiscal del Tribunal Supremo Jaime Moreno elevó este miércoles a definitivas sus conclusiones provisionales y pidió a la Sala Segunda la condena del portavoz del PDECat en el Congreso, Franscesc Homs, a nueve años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y desobediencia, al entender que su actuación, al igual que la del entonces presidente de la Generalitat Artur Mas, "no fue más que un desafío a la legalidad, un pulso al Estado de Derecho por parte de una comunidad autónoma que decidió desoír el mandato del Tribunal Constitucional".

El representante del ministerio público quiso precisar que ese "desafío" es lo único que se está juzgando en el Tribunal Supremo. "No enjuiciamos hoy ni la actuación de voluntarios, ni de los votantes. Se enjuicia a quien como gestor político junto con otros los tres juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se conciertan" para hacer "su propia voluntad, pese a lo establecido por el máximo interprete de la Constitución", aseveró.

En su informe, el fiscal recurrió a "una idea básica, pero clave": "El TC es quien en caso de conflicto da la razón a unos o a otros, y la democracia no es sino la sumisión de todos los poderes, especialmente los poderes públicos, a la ley".

Señaló que hasta la providencia de 4 de noviembre que suspendía la consulta, que la Generalitat decidió desoír, lo único que había ocurrido era "la mecánica habitual de nuestro Estado de derecho": Cataluña entiende que tiene competencias para algo y el Gobierno, no y acude al Constitucional. Lo que sí fue nuevo fue lo ocurrió a partir de ese momento.

Para el fiscal, la providencia del TC no admite dudas sobre lo que suspendía, como sucedió con otras medidas cautelares del alto tribunal, pero la Generalitat no paralizó ni suspendió ninguno de los trabajos encargados. Según Moreno, el propio recurso para aclarar la resolución admitía que no se podría celebrar la consulta, que acabó siendo declarada inconstitucional.

Los otros argumentos exculpatorios de la defensa también fueron rechazados por el fiscal, ya que, sostiene, "no se pueden vulnerar derechos que no se tienen", al igual que "su hijo de 16 años no puede votar, porque no tiene aún derecho al voto".