Era cuestión de tiempo. Los testigos que creían convencer a alguien al referirse a un "tal Toni" para justificar su labor en favor de la difusión del 1-O estuvieron en la cuerda floja, pero salvaron la situación. El primero contra el que la fiscalía ha pedido directamente al tribunal del 'procés' que deduzca testimonio contra él (abrir una investigación) para determinar si le ha mentido ha sido Jaume Meste, que sigue siendo responsable de Difusión de la Generalitat.

Mestre ha tratado de contestar a todas las preguntas del fiscal Jaime Moreno con monosílabos, como si su principal objetivo fuera aportar los menores datos que fuera posible. El problema es que sus "no recuerdo" han sido tan poco lógicos que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha advertido de que la deducción de testimonio por falto testimonio no solo se produce cuando el testigo miente, sino también cuando trata de sustraer a la Sala "datos relevantes" para el esclarecimiendo de los hechos.

Sus explicaciones sobre cómo coordina la difusión de las campañas de la Generalitat, pero no participó en la de Civisme, que quedó desierta, aunque él mismo admitiera que la "había visto en los medios", gracias a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales era difícilmente creíble. Aún así parecía que iba saliendo airoso del interrogatorio del fiscal hasta que se ha tratado de desvincular de las facturas por 184.000 y 93.100 euros que la Corporación le pasó al Departamento de Presidència. Su directora, Nùria Llorach, que se negó a declarar ante el tribunal por estar imputada dijo en instrucción que fue Mestre quien le hizo el encargo.

Los intentos de la defensa por tratar de proteger al testigo, que al no estar imputado en ningún procedimiento está obligado a decir verdad, no fueron suficientes y tras la petición del fiscal, Marchena acordó pronunciarse al respecto en sentencia una vez que se compare su declaración con la de otros testigos.

NADIE COBRÓ

Para entonces, Mestre había explicado cómo todas las empresas de publicidad que participaron en las campañas del Registro de Catalanes en el Exterior y en Civisme, en la que se veían unas vías de tren y se hablaba de si se iba a renunciar al derecho a decidir, no cobraron por su trabajo, después de que el que era director general de Atención Ciudadana y Difusión, Ignasi Genovès, dijo que sus facturas "no se podían pagar". Y ni se han pagado ni se han reclamado.

Estudi Dada renunció a 10.829 euros. "¿NothingAd y Cardumen perdonaron 80.000 euros?" "Puede ser", respondió el testigo al fiscal, lo que llevó a repreguntarle: ¿Es normal que les condenen las facturas?", lo que fue respondido con un lacónico "no". En esa línea, Focus renunció a 158.344 porque los medios les contentaban que era "una campaña política" que no entraba en tarifa, sobre todo, en su segunda parte.