La fiscalía anticorrupción ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que deje sin efecto la concesión del tercer grado a Carlos Fabra otorgado por la jueza de vigilancia penitenciaria en contra de su criterio, de la junta de tratamiento de lacárcel de Aranjuez (donde está internado el expresidente de la Diputación de Castellón) y de la secretaria de Instituciones Penitenciarias.

Anticorrupción ha acudido directamente a los jueces de la Audiencia de Madrid para evitar que vuelva a intervenir la magistrada María del Prado Torrecilla, que en el 2003 fue sancionada a siete meses de separación de la carrera judicial por el Consejo General del Poder Judicial por haber presionado a una compañera para que otorgara también el tercer grado a Mario Conde, que ahora ha vuelto a prisión por blanquear 13 millones de euros desde Suiza procedentes del saqueo al Banesto.

Torrecilla concedió esta medida al exdirigente del PP el pasado 18 de abril. En la resolución justificó esta decisión al considerar que su evolución en la cárcel ha sido "favorable", ingresó voluntariamente en prisión, ha tenido buena conducta en el penal y cuenta con apoyo familiar.

RIESGO MEDIO-BAJO

Además, valoró que no ha habido incidentes en los tres permisos penitenciarios de los que ha disfrutado desde que está internado. Y tuvo en cuenta que el exmando popular haya abonado su responsabilidad civil. Por ello, sostuvo que el riesgo de reincidencia es "medio-bajo".

Por su parte, el fiscal se opuso a esta decisión (que solo obliga a Fabra a dormir en la cárcel) por la gravedad de los delitos, porque no ha cumplido con su compromiso de pago de la responsabilidad civil y porque su nivel de reincidencia es "medio-alto".

Fabra ingresó en la cárcel en diciembre del 2014 para cumplir cuatro años de condena por cuatro delitos fiscales. Su salida de la cárcel revolucionó Twitter con "memés" del expresidente de la Diputación de Castellón para protestar contra la decisión judicial