La Junta de Fiscales de Madrid ha decidido, por 99 votos a favor, 38 votos en contra y 30 abstenciones, no solicitar la declaración como investigado del director general de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia, Javier Gómez Gálligo, en relación con la causa abierta por un juzgado de Colmenar Viejo, en el que se investiga un presunto delito de prevaricación urbanística en el municipio madrileño de Hoyo de Manzanares.

De esta forma, según ha informado la Fiscalía en un comunicado, se mantiene la decisión adoptada el pasado 30 de noviembre en la Junta de Fiscales, que fue ordenada a repetir por el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, tras entender el Consejo Fiscal que en dicha Junta la postura jurídica de los fiscales se debía haber refrendado en una votación y no sólo en intervenciones a viva voz.

Tras este resultado en la Junta de este miércoles -a la que estaban convocados los casi dos centenares (195) de fiscales en activo de Madrid y a la que han asistido 167- lo previsible es que el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, ratifique las instrucciones dadas y proceda al relevo del fiscal decano de Medio Ambiente, César Estirado, designando para el caso a la fiscal decana de Alcobendas. La votación del miércoles, en cualquier caso, no es vinculante para la decisión final que pueda adoptar Polo.

En el 'caso Hoyo de Manzanares', el Juzgado de Colmenar Viejo está investigando al alcalde (PP) y al resto del equipo de Gobierno de Hoyo de Manzanares por la presunta comisión de un delito de prevaricación urbanística en relación a una actuación urbanística para la construcción de 118 viviendas libres alrededor de la Universidad Antonio de Nebrija.

Pertinencia de una votación

La discrepancia sobre la necesidad de la votación proviene del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Dicho precepto dispone que "el Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe.

De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola".

El Consejo Fiscal consideró que la interpretación más correcta del citado artículo es que la Junta de Fiscales debe expresar su parecer votando. Por ello, entendió que al no haberse producido formalmente una votación se habría incurrido en "un defecto formal" en la tramitación de la discrepancia.

Polo apartó al fiscal a petición de éste

La decisión de imputar o no a Gálligo también provocó que Polo apartara de la causa a Estirado, a petición de este último, y colocara al frente a la decana de Alcobendas por su "proximidad geográfica" al caso. Estirado, dentro del mismo 'caso Hoyo de Manzanares', propuso investigar a Gálligo por su posible implicación en la trama, algo a lo que Polo se opuso.

El fiscal jefe amparó su decisión en dos informes de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y también en el apoyo de 24 fiscales decanos, de un total de 27 que forman la Junta, que se posicionaron en contra de las tesis de Estirado.

Además, en la Junta Ordinaria de Fiscales, nuevamente 14 de los 18 intervinientes se posicionaron a favor de los argumentos jurídicos esgrimidos por el fiscal jefe y la Fiscalía General, y tan sólo tres refrendaron los argumentos del fiscal decano de Medio Ambiente.

Sin embargo, y pese a que "los asistentes que opinaron sobre ese asunto expresaron una tesis favorable a Polo de forma muy mayoritaria", no se celebró una votación formal, motivo por el que tres miembros de la Unión Progresista de Fiscales -asociación a la que pertenece Estirado- llevaron su queja formal al Consejo Fiscal.