La fiscalía del Tribunal Supremo está tranquila. Tiene clara su estrategia y considera que el juicio del ‘procés’ está discurriendo por los cauces normales de cualquier vista oral, en la que de momento solo se ha podido oír a los acusados de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Y ni siquiera a todos, porque el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, lo harán el martes.
Para no vulnerar en modo alguno su derecho de defensa todos ellos tienen manga ancha por parte del tribunal para decir lo que entiendan oportuno y, como en todos los procedimientos judiciales, les ampara el derecho a no decir verdad, lo que en la práctica supone la posibilidad de mentir si lo creen necesario.
Por eso para la fiscalía esta parte del juicio no es ni mucho menos trascendental de cara a probar los graves delitos de los que les acusan. “No teníamos ni que haberles interrogado”, sostiene un fiscal, que considera que ello les ha facilitado una plataforma para lanzar su mensaje político, amplificado con la repercusión mediática que estos días tiene el juicio, accesible hasta a través de la página web del Poder Judicial.
A LA ESPERA DE LOS TESTIGOS
Las fuentes fiscales consultadas creen que para acreditar si hubo rebelión o no será fundamental el testimonio de los 246 testigos que proponían en su escrito de acusación, porque ellos sí están obligados a decir verdad y su declaración se acercará más a la realidad de lo que ocurrió el 20 de septiembre y el 1-O que lo declarado por el 'exconseller' Joaquim Forn, que separó su compromiso político de la posibilidad de dar cualquier instrucción política a los Mossos, o por el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, que destacó el ambiente festivo de la protesta que reunió a 60.000 personas ante la Consejería de Economía para protestar por los arrestos de la operación Anubis.
El tribunal deberá controponer sus palabras a las que pronuncien esos testigos, entre ellos, decenas de agentes que sufrieron lesiones el 1-O y la letrada de la administración de Justicia (antes secretaria judicial) del Juzgado 13 de Barcelona que salió de Economía a través de la azotea. La defensa los contrapondrá a los ciudadanos que presenciaron las polémicas cargas policiales.
Para la fiscalía, se habrá probado violencia suficiente como para condenar por rebelión si se acredita que los acusados, de común acuerdo, convocaron y arengaron a las masas para oponerse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que estaban obligados a cumplir con el mandato judicial que habían recibido de cerrar los colegios e impedir la votación.
Lo que lamentan las fuentes consultadas es que estos interrogatorios se produzcan cuando los focos ya no estén tan encima del juicio y no se aprecien con la misma intensidad con la que se han destacado ciertos errores de los representantes del ministerio público, como en la traducción de una frase del catalán en la que el fiscal imprimía una obligación propia del castellano, inexistente en el original.
Desde el ministerio público consideran irrelevantes estos fallos, sobre todo, de cara a lograr una sentencia condenatoria. Entienden que la mayoría de ellos se ha exagerado, como cuando se considera tal que el fiscal pregunte por un mail a partir del extracto que aparece en un informe de la Guardia Civil. De ahí que no duden en echar mano de la ironía y atribuírselos más a la telegenia de cada uno de los cuatro fiscales adscritos a la causa que a su profesionalidad, que nadie duda.
