El juicio del ‘caso Emarsa’, la trama de las empresas que trataba el agua del área metropolitana de València, está ya en su fase de conclusiones y la Fiscalía ha aumentado hasta doblar en algún caso su petición de penas para los dos principales acusados, ex dirigentes ambos del Partido Popular. Además, las acusaciones han pedido que los 24 procesados hagan frente al pago de 35 millones entre devoluciones, indemnizaciones y sanciones tributarias.
El ministerio fiscal ha pasado de pedir 12 a reclamar 24 años de prisión para Esteban Cuesta, ex gerente de la empresa pública, y de 14 a 20 años para Enrique Crespo, el ex presidente, que era además vicepresidente de la Diputación de Valencia. En su caso, la Fiscalía apunta que "gracias a su condición de consejero delegado, evitó cualquier tipo de control sobre la gestión de la empresa".
La razón del aumento de penas para ambos es que ha decidido, como sostuvo desde el principio la Abogacía de la Genearalitat, atribuir dos delitos diferentes de malversación, uno por los negocios que hacían con las obras de adecuación de la red y otro por el incremento injustificado por el coste del tratamiento de los lodos. En cambio, se ha reducido la petición de prisión para los dos técnicos de la conselleria que participaron en la trama por su confesión y la ayuda prestada para desvelar el funcionamiento de la trama.
Mordidas, regalos y asesoras
Cuesta, ex militante popular y alcalde de una pedanía de la capital, confesó antes del juicio en el programa ‘Malas Compañías’ de La Sexta que los cuatro se repartían sobres con comisiones que recibían por elegir a determinadas empresas. En el caso de los lodos, según desveló, las mordidas eran mensuales y de ocho mil euros. Además, dijo que Crespo le hizo contratar a varias personas que nunca iban a trabajar, que Emarsa pagó varias facturas de actos del PP y que en varias ocasiones Silvestre Senent, expresidente del consejo de administración de Emarsa y expresidente municipal del PP en València, le solicitó dinero para actos. También aseguró que se hicieron regalos de Navidad a Francisco Camps, Rita Barberá, Alfonso Rus o al propio Senent. El hecho de que no haya sido tan explícito en el juicio y que haya cambiado varias veces de versión ha hecho que no se haya visto beneficiado por una reducción en la petición de penas. El caso tiene numerosas semejanzas con el que se investiga en el Canal Isabel II de Madrid y que derivó en el 'caso Lezo' que ha tenido en la cárcel durante varios meses a Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid.
La instrucción de este caso Emarsa desveló que varios de los implicados cargaban a la empresas numerosos viajes con amigos y familiares, comidas y que incluso se realizaron reformas en casas particulares que pagaron las empresas públicas. También se habrían escondido como gastos para traductoras en un viaje a Rumanía el pago a prostitutas. Durante el juicio el dueño de la agencia de viajes encargado de sacar los billetes de avicón aseguró que le dijeron que se trataban de "asesoras".
