La Fiscalía de la Audiencia Nacional está ya estudiando la causa recibida del Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida sobre la actuación de los mossos durante la jornada del 1-O para pronunciarse sobre si debe incorporarse al procedimiento abierto por sedición contra el mayor del cuerpo Josep Lluís Trapero y sus superiores, el exdirector general Pere Soler y el exsecretario general de Interior César Puig, informaron fuentes jurídicas a este diario. Por lo pronto, la Audiencia ha procedido a devolver a Lleida las diligencias originales, porque solo se tenía que haber enviado testimonio de ellas.

De momento todas las causas recibidas en la Audiencia Nacional tras la inhibición del juzgado que abrió las primeras diligencias por actuaciones concretas de los mossos en distintos municipios están siendo devueltas. Las fuentes consultadas señalan que la intención del tribunal con sede en Madrid es no abrir una macrocausa contra los Mossos d'Esquadra y limitarse a investigar los delitos de sedición que consideran se cometieron el 20 de septiembre en Barcelona durante los registros y arrestos de la operación Anubis y durante el 1-O, al no cumplir las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para tratar de impedir la votación e, incluso entorpecerlas.

Sin embargo, la causa abierta en Lleida puede correr una suerte distinta, al poder tener una especial trascendencia para tratar de entender a qué se debió el comportamiento de los mossos ese día. En un extensísimo informe avanzado por EL PERIÓDICO la Guardia Civil detalla el rastro digital dejado por sus superiores en la región de cómo engañaron a policías y guardias civiles o dieron instrucciones para vigilarlos. Incluso facilitaron o no evitaron que asociaciones y políticos locales vinculados a la resistencia en los colegios se hicieran con datos muy sensibles, incluidas identificación de matrículas o de 'secretas' o los lugares a dónde se dirigían o donde después pernoctaban los agentes. El comisario jefe Xavier Monclús llegó a enviar un 'e-mail' el 1-O pidiendo un informe de todos sus movimientos.

El primer instructor del caso considera que el comportamiento de los Mossos en Lleida "no fue una actuación espontanea ni aislada", limitada a esa zona, "ni ideada o adoptada por iniciativa propia e individual de algunos de los miembros del cuerpo", sino que seguía "un patrón común". En su opinión, parece "evidente" que lo sucedido el 1-O en la capital del Segrià y en los días previos, "no es sino la proyección a este territorio de un plan de actuación general diseñado desde la cúpula" de la policía autonómica "para evitar toda actuación en contra del referéndum, enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad". Así argumenta que debe ser investigado en la Audiencia Nacional por la jueza Carmen Lamela. En el caso de que la magistrada no comparta ese criterio, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.