La Fiscalía Anticorrupción ha eximido a los expresidentes madrileños Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González de responsabilidad penal en la compra presuntamente fraudulenta en 2001 por 73 millones de dólares de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, una operación investigada en el caso Lezo. En un escrito de 12 páginas dirigido al juez del caso, Manuel García Castellón, la Fiscalía pide que se levante la imputación en esta pieza de Lezo a 15 personas, entre las que destacan Gallardón, Gónzalez y Edmundo Rodríguez Sobrino -considerado el hombre fuerte de González en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica-, al no quedar acreditado que conocieran los pormenores.
Si el juez acepta esta petición, Gallardón, ministro de Justicia en el gobierno de Mariano Rajoy, dejaría de estar imputado en Lezo, no así González y Rodríguez Sobrino, que están investigados en otras piezas como la compra de la filial brasileña Emissao.
La Fiscalía pide así archivar la investigación sobre Inassa para esos 15 imputados y que se dicte auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) para otros 22.
De entre los 15 para los que pide el archivo, figuran miembros del Consejo de Gobierno que aprobó esa compra como el exvicepresidente madrileño Manuel Cobo o Carlos Mayor Oreja, que fue presidente del Canal de Isabel II (CYII). La Fiscalía les exculpa al no haber indicios de que, al emitir su voto, «conocieran los detalles de esta operación».
A los que sí pide procesar es a los 14 miembros del Consejo de Administración del Canal cuando se produjo la compra, entre los que destacan el expresidente del Canal y exconsejero Pedro Calvo; el exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif, Juan Bravo, y el socialista Agapito Ramos, consejero hasta el 2015.
