Esta semana se cierra la segunda tanda de declaraciones de independentistas ante el Supremo, después de que el juez Pablo Llarena ampliara la causa por rebelión. Hoy comparecerán Marta Rovira y Marta Pascal, mañana será el turno para Artur Mas y Neus Lloveras y el miércoles se supone que Anna Gabriel. Todos ellos están siendo investigados como presuntos miembros del comité estratégico que impulsó el referéndum ilegal.

Según ha podido saber este diario, la Fiscalía no tiene decidido de antemano pedir que se les encarcele, sino que dependerá de lo que declaren. Algo parecido a lo que sucedió con quien abrió, la semana pasada, esta tanda de declaraciones, Mireia Boya, de la CUP. Y es que, según recuerdan estas fuentes, no fue la Fiscalía la que solicitó estas comparecencias sino que fueron demandadas de oficio por el propio juez el 22 de diciembre (al día siguiente de las elecciones catalanas). Transcurridos dos meses desde entonces, parece claro que no concurre en este caso el riesgo de fuga o de reiteración delictiva, ni tampoco de destrucción de pruebas, los motivos por los que, ley en mano, se puede decretar la prisión incondicional provisional.

Llarena solo ha mantenido la prisión de Junqueras, se supone que como líder del comité del 1-O; la de Joaquim Forn, por su poder sobre los Mossos, y la de los Jordis, por su capacidad de movilización ciudadana. El resto del Govern y de la Mesa del Parlament están libres bajo fianza.

Cierto es que nada es matemático y que si esas eran las intenciones del alto tribunal el viernes, la publicación en EL PERIÓDICO de que Anna Gabriel se hallaba en Suiza preparando su defensa, y la apertura del gran interrogante sobre si comparecerá el miércoles o no, pueden cambiar la óptica del juez.

El magistrado, a raíz del informe recibido de la Guardia Civil el pasado 15 de diciembre, consideró que los hechos que se investigan se habían acordado entre el conjunto de presidentes y portavoces parlamentarios de los partidos independentistas, por lo que amplió la investigación al president Mas, a Rovira (secretaria general de ERC), a las exdiputadas de la CUP Gabriel y Mireia Boya, a Pascal (coordinadora del PDECat) y a Lloveras, expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). El documento situó en el comité estratégico también a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, así como al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y al presidente de Òmnium Cultural (Jordi Cuixart).

UNIDAD DE ACCIÓN / Según el informe, «es indudable que ha existido una simbiosis absoluta y una unidad de acción y ejecución plena e inescindible entre todos los actores independentistas en los últimos años», lo que explica «muchas de las decisiones políticas» que Junts per Sí ha tomado «con el apoyo de la CUP» y que no hubieran sido posibles sin el apoyo de la ANC, Òmnium y la AMI. La Guardia Civil incluye aquí «el comportamiento ciudadano dificultando e impidiendo la labor de comitivas judiciales (20 y 21 de septiembre en Barcelona en la operación Anubis) y de las fuerzas y cuerpos del Estado» el 1-O.

Las investigaciones policiales colocan tanto a Rovira como a Mas en la cúspide del proceso secesionista por encima de los exmiembros del Govern. Estaban en el comité ejecutivo, junto con, entre otros, el president Carles Puigdemont y exvicepresidente Junqueras. El informe destaca de Artur Mas que «durante su gobierno se formalizó la estrategia y los objetivos de los ideólogos de la Cataluña independiente».